Victoria, Tamaulipas.– Todas las dependencias estatales y municipales que ejercen recursos públicos en Tamaulipas están obligadas por ley a publicar y actualizar su información en la Plataforma Nacional de Transparencia, advirtió la titular de la SecretarÃa Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.
La funcionaria precisó que el Poder Ejecutivo, sus 17 secretarÃas, 50 entidades públicas, los 43 ayuntamientos y 49 organismos públicos descentralizados municipales deben cumplir con la carga informativa establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, salvo en los casos donde los datos estén clasificados como reservados o no correspondan a su ámbito de competencia.
Explicó que cuando una autoridad no responde a una solicitud de información, el ciudadano puede interponer un recurso de revisión.
En caso de persistir la omisión, se aplican multas que oscilan entre los 17 mil y los 175 mil pesos, como medida para hacer valer la normativa vigente.
Pedraza Melo detalló que la legislación contempla cuatro cortes al año para la actualización de contenidos, es decir, de manera trimestral.
En ese proceso, las nueve autoridades garantes deben supervisar que cada sujeto obligado publique oportunamente la documentación que le corresponde, incluyendo su tabla de aplicabilidad y demás información señalada por la ley.
Subrayó que en la entidad no debe prevalecer la opacidad y aseguró que tanto el Ejecutivo como el resto de los entes públicos están comprometidos a atender las solicitudes ciudadanas en tiempo y forma.
En ese contexto, destacó que Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas es la instancia encargada de verificar los portales oficiales de cada organismo que maneja recursos públicos, con el propósito de constatar que la información obligatoria esté debidamente publicada.
Puntualizó que la autoridad garante competente será la responsable de imponer la sanción económica correspondiente, según el ente que haya incumplido.
Añadió que, si bien los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo también fungen como autoridades garantes, la creación de este nuevo organismo brinda mayor certidumbre y evita que la misma dependencia sea juez y parte al momento de aplicar sanciones.