Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Tamaulipas analiza la posibilidad de denunciar – como ya lo hicieron en Guadalajara y Zapopan – a los responsables gubernamentales de haber hecho tratos con Accendo Banco que a la postre significaron una perdida de 205 millones de pesos para el erario estatal.

De acuerdo a los archivos que ha recopilado El Mercurio, el 15 de junio de 2021 María de Lourdes Arteaga Reyna, a nombre del Gobierno de Tamaulipas y en calidad de Secretaria de Finanzas, firmó un Acuerdo de Intercambio de Flujos de Efectivo sobre tasas de interés, previsto en el Contrato Marco para Operaciones Financieras con número 20000889.

 

 

El monto de referencia establecido fue de 1,449,916,179.31 con fecha de inicio 28 de junio de 2021 y fecha de vencimiento 30 de junio de 2024, sin embargo, tres meses después Accendo cayó en bancarrota.

Para ese entonces, el gobierno de Tamaulipas ya había depositado 205 millones 414 mil 533 pesos, del erario público, dinero que, Accendo Banco pagaría a Banamex, dependiendo de cómo se encontrara la tasa de interés volátil. Esos pagos correspondían a la liquidación de un préstamo que el Gobierno de Tamaulipas adquirió en 2017 con Banamex.

El 29 de septiembre de 2021 se inició el proceso de liquidación de Accendo Banco, S.A., de las personas ahorradoras y casi dos años después, el 30 de junio de 2023, el gobierno de México informó que derivado de la revocación de la autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple a Accendo Banco, S.A., por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) aprobó se proceda al Pago de Obligaciones Garantizadas.

Eso significó que, se procedería a pagar a las personas ahorradoras de Accedo Banco, aquellos depósitos que están protegidos en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de la Ley de Instituciones de Crédito.

Los pagos a las entidades públicas son los últimos en la prioridad de pagos, por lo que, el dinero sigue sin recuperarse en las arcas estatales.