En la actualidad, en México existen “Ley de Voluntad Anticipada” en la legislación estatal de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Distrito Federal y Guanajuato donde Tamaulipas ya incursiona en su análisis para su posterior aprobación o rechazo.

La Diputada Mercedes del Carmen Guillen Vicente presentó ante el Pleno Legislativo, una iniciativa para expedir la Ley de Voluntad Anticipada.

Dejo en claro que esta acción legislativa no aborda la eutanasia, el suicidio asistido ni está dirigida exclusivamente a pacientes en fase terminal; su objetivo es garantizar que cada individuo pueda decidir con claridad sobre su atención médica y cuidados paliativos, los cuales no buscan adelantar ni retrasar el proceso natural de la vida.

La medicina moderna ha incrementado la esperanza de vida para todos. Sin embargo, los procedimientos médicos someten al enfermo terminal al uso de aparatos médicos que lo mantienen vivo de manera artificial, prolongando su agonía y sufrimiento; en atención a ello, se creó la Ley de Voluntad Anticipada que permite a enfermos terminales decidir si continuar o no con tratamientos que prolonguen su vida.

Esta propuesta surge de la necesidad de brindar certeza y tranquilidad a las personas, especialmente a las y los adultos mayores, en cuanto a su derecho a una muerte digna.

La iniciativa permitirá a cada ciudadano y ciudadana decidir, en pleno uso de sus facultades, sobre los tratamientos médicos que desea recibir o rechazar en caso de no poder expresarlo en el futuro. Asimismo, facilitará la manifestación expresa de la voluntad de donar órganos.

“El derecho a una muerte digna no debe quedar en manos de nuestros familiares, quienes, en su afán de no dejarnos ir, podrían mantenernos conectados a medios artificiales de vida” resaltó la promovente.

La ley contemplará dos mecanismos para formalizar la voluntad anticipada: Mediante un formato oficial disponible en las instituciones de salud públicas y privadas, con la asistencia de dos testigos y/o a través de un notario público, permitiendo que el documento tenga validez legal sin la intervención de instituciones médicas.