Victoria, Tamaulipas.- Después de permanecer casi nueve años en prisión por el feminicidio de la ciudadana española María del Pilar Garrido Santamans, Jorge Fernández González recuperó su libertad luego de que una nueva revisión judicial determinara que no existían elementos suficientes para mantener la condena que se le había impuesto.

Garrido Santamans desapareció el 2 de julio de 2017 cuando regresaba junto con Jorge Fernández y el hijo pequeño de ambos de la playa La Pesca, en Soto la Marina.

Sus restos fueron localizados semanas después y la Fiscalía de Tamaulipas señaló a su esposo como responsable. Fernández fue detenido en agosto de ese mismo año y posteriormente condenado a 47 años de prisión.

La presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, explicó que la liberación ocurrió luego de una determinación de un Tribunal Colegiado federal que ordenó a la Sala Colegiada Penal realizar una nueva revisión del caso y valorar nuevamente los elementos utilizados para sostener la responsabilidad penal.

“En un análisis ya integral de las pruebas aportadas por la Fiscalía se determina que no existen pruebas suficientes para sostener la condena por feminicidio que en su momento se dictó”, señaló.

Contreras López aclaró que la resolución no necesariamente representa una declaración de inocencia sobre el crimen, sino que establece que el material probatorio no resulta suficiente para sostener jurídicamente la condena contra Fernández González.

El caso ya había sido revisado anteriormente por instancias federales. En 2021, un tribunal había dejado insubsistente una sentencia contra Fernández, pero posteriormente la Sala Colegiada Penal confirmó en dos ocasiones la condena de 47 años.

La nueva resolución volvió a ordenar una revisión del expediente y, con base en ese análisis, se comunicó al Tribunal de Enjuiciamiento la determinación de otorgar la libertad.

“También no podemos sostener aquellos asuntos donde no hay suficiente evidencia como para sancionar o para determinar la responsabilidad de una persona”, sostuvo la magistrada.

La presidenta del Poder Judicial reconoció que el caso involucra a una víctima y a una familia que continúa exigiendo justicia, por lo que insistió en que la revisión debe considerar tanto los derechos de las víctimas como los de las personas sometidas a un proceso penal.

“No desconocemos que hay una víctima, no desconocemos que hay familia que exige que se haga justicia”, expresó.

La defensa de Fernández González fue la que promovió los recursos que llevaron nuevamente el expediente ante la justicia federal.

Contreras López explicó que el Tribunal Colegiado estableció parámetros para que la Sala Colegiada Penal realizara una nueva valoración del material probatorio.

Sobre la posibilidad de que el caso haya estado relacionado con decisiones políticas o con un eventual uso de las instituciones para una venganza, la magistrada evitó pronunciarse.

“Las decisiones políticas no nos corresponde a nosotros pronunciarnos en ese sentido, ahí está el expediente y ahí está la evidencia”, respondió.

La liberación de Fernández González ocurrió la noche del miércoles 28 de octubre, en cumplimiento de la resolución judicial.

El caso, sin embargo, todavía puede ser recurrido, por lo que Contreras López señaló que existe una limitante para hablar de manera definitiva sobre el proceso.

La magistrada señaló que ahora corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas determinar si existen elementos para realizar nuevas imputaciones o investigar a otras personas que pudieran resultar responsables del asesinato de María del Pilar Garrido.

“A la Fiscalía del Estado le corresponde determinar si hay evidencia para realizar nuevas imputaciones y eventualmente, con las constancias que tenga, llevar a otras personas como presuntos responsables de este hecho”, indicó.

Contreras López también reconoció que una persona que haya sido acusada de un delito que no cometió tiene derecho a reclamar por las afectaciones derivadas de su proceso.

“Es un derecho que tienen las personas que han sido acusadas por un delito que no cometieron”, afirmó.

La magistrada Tania Contreras López señaló que alrededor del 30 por ciento del universo de casos que están siendo revisados se encontraría en condiciones similares, aunque no precisó el número total de expedientes que integran ese universo.

El dato abre la posibilidad de que el caso de Jorge Fernández González no sea el único expediente en el que una revisión de las pruebas pueda modificar decisiones judiciales tomadas anteriormente.

La propia presidenta del Poder Judicial había señalado que existen expedientes que requieren ser revisados para garantizar que las resoluciones se apeguen a la legalidad y a los derechos de las partes involucradas.