Quienes tengan acceso autorizado a información de las corporaciones de Seguridad Pública y la utilicen, revelen o compartan de manera indebida podrán enfrentar penas de hasta ocho años de prisión, luego de que el Congreso del Estado aplico reformas aprobadas al Código Penal del Estado.
Con la publicación del Decreto 66-1130 en el Periódico Oficial del Estado, Tamaulipas fortaleció las medidas para proteger la información estratégica relacionada con instituciones de seguridad, operativos y datos cuya difusión pueda poner en riesgo a las autoridades o a la población.
La nueva disposición establece sanciones para quienes, aun contando con autorización para acceder a sistemas informáticos de seguridad pública, obtengan, copien, utilicen, revelen o transfieran información reservada o confidencial sin autorización.
Las penas de cárcel se acompañan de multas que ascienden a entre 400 y 800 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa sanciones de aproximadamente $39,848 hasta $90,000 pesos.
Además de las penas de prisión, la legislación contempla multas económicas y endurece los castigos cuando el responsable sea o haya sido servidor público de alguna institución de seguridad, al incrementar hasta en una mitad la sanción e imponer su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La reforma también establece que este delito será perseguido de oficio, lo que permitirá a las autoridades iniciar investigaciones sin necesidad de que exista una denuncia por parte de la persona afectada.
Con estas modificaciones, el Estado busca reforzar la protección de la información sensible utilizada en labores de seguridad pública y evitar filtraciones que comprometan investigaciones, operativos o la integridad de elementos policiales y de la ciudadanÃa.