El diputado Isidro Vargas informó que el dictamen del Presupuesto de Egresos para el año 2026 fue declarado procedente, aunque con diversos ajustes encaminados a garantizar un uso responsable y racional del gasto público.

Señaló que la propuesta enviada por el gobernador Américo Villarreal Anaya cumple con los requisitos constitucionales y mantiene equilibrio financiero, además de alinearse al Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028

No obstante, recordó que el Congreso tiene la obligación de revisar a detalle el destino de los recursos y no limitarse a una aprobación automática.

Durante el análisis, dijo que se identificaron incrementos en algunos organismos autónomos que rebasaban sus necesidades reales de operación, por lo que planteó ajustes que, aseguró, no afectan su autonomía ni sus funciones sustantivas.

Entre ellos destacó la definición de un presupuesto para la Universidad Autónoma de Tamaulipas por un total de 4 mil 871 millones 679 mil 838 pesos.

También propuso una reducción de 12 millones 154 mil 743 pesos al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas y un ajuste de 13 millones 54 mil 877 pesos a la Auditoría Superior del Estado.

En conjunto, las modificaciones planteadas representan 230 millones 368 mil 257 pesos, recursos que, de acuerdo con el legislador, deben ser reasignados a áreas que inciden de manera directa en el bienestar de las familias tamaulipecas.

Vargas propuso que la mayor parte de esta reasignación se dirija a la Secretaría de Educación, a la cual plantea otorgar 218 millones 213 mil 513 pesos, para fortalecer programas educativos, promover condiciones de equidad y avanzar en el derecho a una educación de calidad.

De igual forma, planteó que la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura reciba 12 millones 154 mil 743 pesos, con el fin de impulsar al campo, apoyar a productores y detonar el desarrollo económico regional.

El diputado sostuvo que estas adecuaciones reflejan una visión que concibe el presupuesto como una herramienta para reducir desigualdades y atender prioridades sociales, sin comprometer la estabilidad financiera del Estado.

Aseguró que se preserva una política de austeridad, eficiencia y responsabilidad hacendaria, con un enfoque basado en resultados y en la rendición de cuentas.

El dictamen fue aprobado para su presentación ante el Pleno en una sesión.