A partir de esta semana, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) iniciará el proceso de desmantelamiento de 35 de un total de 50 tomas clandestinas que han sido detectadas en los últimos meses.
Aunque la mayoría de estas conexiones pertenecen a casas habitación, el gerente general de Comapa, Fernando García Fuentes, informó que también se han encontrado este tipo de conexiones en establecimientos comerciales.
“En las últimas semanas se han detectado unas 15 nuevas tomas, y el jueves me presentaron un informe de otras 35 que ya estaban perfectamente identificadas, entonces a partir de esta semana, procederemos con el desmantelamiento de las mismas. Las hemos encontrado en toda la ciudad, no hay un sector específico; están en casas habitación y en comercios, en estos últimos casos, son pocos, pero sí existen”, señaló.
De acuerdo con el Código Penal de Tamaulipas, quienes sean sorprendidos robando agua pueden enfrentar penas de prisión que van de 2 a 6 años, además de multas que pueden superar los 31,000 pesos. Sin embargo, el gerente de Comapa anticipo que la intensión es llegar a un acuerdo con las personas involucradas para regularizar su situación.
“Es un delito penal, pero nuestra intención es dialogar con las personas y darles las facilidades para que contraten el servicio de forma formal, obviamente, deben saldar el adeudo con la ciudad, y mientras no lo hagan, no recibirán el servicio, ya que procederemos al desmantelamiento de la toma”, explicó.
La sanción por el robo de agua se determinará en base al tiempo que los infractores hayan estado sustrayendo el servicio de manera ilegal. Según estimaciones, el consumo no pagado podría oscilar entre los 50,000 y 60,000 pesos, y sobre ese monto se aplicará una multa proporcional.
García Fuentes también hizo un llamado a la ciudadanía para que se acerque a la Comapa en caso de estar utilizando agua de manera clandestina.
“Valoramos mucho la buena disposición de la sociedad; si las personas se acercan a nosotros para exponer su situación, les otorgaremos las facilidades para regularizar su situación. De lo contrario, si somos nosotros quienes vamos a desmantelar la toma, tendrán que pagar”, concluyó.