Raúl Ramírez Castañeda, Zar Anticorrupción en Tamaulipas, enfrenta una nueva denuncia penal junto con otros 21 involucrados al haber creado una red de empresas “fachada” o “factureras” para presuntamente financiar a ,grupos de la delincuencia constituida de acuerdo con una denuncia presentada de manera formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL).
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas Raúl Hernández Chavarría presento las pruebas que sustentan los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, ejercicio ilícito del servicio público, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito contra de los señalados.
Presuntamente se contrató de forma irregular por más de 9 millones de pesos a unas empresas inexistentes, celebrado entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca con una compañía “fachada” con domicilio en Nuevo León, en la época en que el fiscal fungía como titular de la UIFE y en el que intervino directamente para el otorgamiento del contrato, fue lo que puso al descubierto la red de corrupción.
La investigación llevó a establecer la relación que existe entre la empresa contratada por el Gobierno de Tamaulipas con el despacho “Ramírez Castañeda &
Abogados”, S.C., establecido en San Pedro Garza García Nuevo León, así como con diversas empresas que se presumen fachadas.
De acuerdo a las investigaciones, mediante el millonario contrato se contrataron servicios para la UIFE, los cuales nunca cumplieron, por lo que las autoridades tratan de averiguar el destino final del dinero y las operaciones existentes con esas empresas radicadas en Nuevo León.
La denuncia es contra Raúl Ramírez Castañeda, Carlos Emiliano Ramírez Pizarro, Levi Ramírez Castañeda, Juan José Ramírez Castañeda, Horacio Ramírez Castañeda, Luis Javier Ramírez Castañeda, en conjunto con Eduardo Romero Delgado, José Alberto Romero Delgado, Ezequiel González Duelos, Eduardo González Duelos, Carlos Eduardo Mendoza Cano, Luis Raúl Mendoza Cano, Carlos Contreras Segovia, Héctor Orlando Aguirre Ramírez, Rafael Puente Torres, Rodrigo Samuel Mendieta Morales, Jonatán Javier Martínez Romero, Cecilia Margarita García Zapata, Rai5ro Gondora Martínez, Raúl González Marroquín, Juan Carlos González González, y Diego Canavati Dahuave (finado).
La investigación señala que entre ellos crearon empresas “fachada” o “factureras” para hacer operaciones simuladas retiros de dinero, desde cuentas del gobierno, uso de prestanombres, bancarización de efectivo, creación de empresas financieras para hacer depósitos y financiar a algunos grupos de la delincuencia constituida en el Estado.
