El Congreso del Estado impulsa un freno contra los excesos y la opacidad en las administraciones públicas, al aprobar una reforma constitucional que prohíbe a las dependencias invertir recursos públicos en instrumentos financieros riesgosos que, lejos de generar rendimientos, terminaron afectando la hacienda estatal.
El diputado Isidro Vargas Fernández reveló que, durante años, diversas áreas de gobierno —incluidas entidades autónomas— colocaron dinero público en inversiones de alto riesgo sin ningún tipo de restricción legal.
“Optaban por instrumentos financieros peligrosos, y en lugar de obtener rendimientos, terminaron dañando el patrimonio público”, denunció.
Aunque estas prácticas parecían irregularidades, no constituían delito, pues la ley lo permitía. Vargas Fernández explicó que la reforma constitucional —acompañada de adecuaciones en leyes secundarias— busca cerrar definitivamente la puerta a estos manejos discrecionales y opacos.
“La misión del sector público es invertir los recursos conforme al presupuesto aprobado por el Congreso, no destinarlos a ganar intereses ni especular. Con esta reforma, eso queda tajantemente prohibido”, aseguró.
Aunque no se ha detectado un caso específico en la entidad, el legislador anunció que exhortarán a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para investigar a fondo si alguna dependencia en Tamaulipas realizó operaciones que hayan generado pérdidas o riesgos injustificados.
“Si hubo responsables, deberán ser sancionados conforme a la nueva normatividad”, advirtió.
Con esta reforma, el Congreso busca poner fin a una era de discrecionalidad financiera y blindar los recursos públicos de decisiones temerarias que antes, increíblemente, estaban permitidas por la ley.