Con inhabilitaciones de hasta 5 años, obligación de resguardar expedientes por mínimo 5 años y la intervención directa de la Secretaría Anticorrupción en todo el proceso de adjudicación, el Congreso del Estado aprobó el Decreto No. 66-963 que endurece la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.

El decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de febrero de 2026, forma parte de un paquete de reformas a más de 30 ordenamientos, pero uno de los puntos más impactantes es el nuevo control que se establece sobre las compras, arrendamientos y contratación de servicios en el gobierno estatal y los 43 municipios.

Con la reforma a la Ley de Adquisiciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno podrá revisar en cualquier momento que dependencias y entidades cumplan con la ley e intervenir en todo el proceso de adjudicación de contratos.

Podrá verificar adquisiciones de bienes inmuebles realizadas por el Gobierno del Estado y realizar visitas e inspecciones al Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales. Además, las dependencias estarán obligadas a informar de inmediato cualquier irregularidad detectada en adquisiciones y deberán facilitar el acceso a almacenes, oficinas, plantas y talleres para efectos de inspección.

Uno de los “números duros” del decreto es la inhabilitación a proveedores que incurran en faltas, la cual no podrá ser menor de 3 meses ni mayor de 5 años, plazo que comenzará a contar a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

También se establece que toda la documentación que justifique y compruebe las operaciones de compra deberá conservarse por un periodo no menor a 5 años, contados desde la recepción de los bienes o la prestación del servicio.

El decreto también incorpora a la Secretaría Anticorrupción como autoridad con facultades expresas de interpretación administrativa de la ley, revisión del gasto público autorizado y vigilancia del cumplimiento de lineamientos para el resguardo y control de adquisiciones.

Con estas modificaciones, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos quedan bajo una supervisión más estricta en el manejo de recursos públicos, en un contexto donde las compras gubernamentales representan millones de pesos del erario cada año.