Hasta ocho años de prisión y fuertes multas contempla ahora el Código Penal de Tamaulipas para quienes operen instituciones educativas sin autorización oficial, mientras que también se sancionará a quienes utilicen internet y plataformas digitales para engañar a consumidores con operaciones relacionadas con bienes inmuebles, productos o servicios falsos.

La reforma quedó establecida mediante el Decreto 66-1392, publicado en el Periódico Oficial del Estado luego de que el Congreso del Estado avalo su transición, mediante el cual se modificaron diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tamaulipas.

Uno de los cambios establece que quien preste servicios educativos que requieren autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios sin haberlo obtenido podrá recibir una pena de cuatro a ocho años de prisión, además de una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

La disposición establece que la sanción será aplicable por cada institución educativa que opere bajo esas condiciones y precisa que tener en trámite la autorización correspondiente no excluye la responsabilidad penal.

La reforma también incorpora como conducta sancionable el engaño a consumidores mediante redes sociales, sitios web, aplicaciones móviles, tiendas en línea o cualquier otro medio electrónico o tecnológico, cuando se trate de la venta, renta, traspaso o cualquier operación relacionada con bienes inmuebles, productos o servicios falsos.

Otro de los cambios busca cerrar el paso a la expedición irregular de documentos académicos, al establecer como conducta sancionable expedir, entregar u ofrecer títulos profesionales, diplomas o grados académicos sin contar con la autenticación de la autoridad o institución pública competente que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios.

Las modificaciones forman parte del Decreto 66-1392 aprobado por el Congreso del Estado y entraron en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con el propio decreto.