Un centenar de personas del sector campesino se manifestaron este lunes frente a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para exigir justicia por la expropiación de más de 4 mil hectáreas de tierras ejidales ocurrida hace más de medio siglo, tras la construcción de la presa Vicente Guerrero.
Encabezados por Mario Alberto Reyes Cantú, coordinador nacional de la Central Campesina Cardenista, los manifestantes denunciaron que las comunidades de Padilla fueron despojadas sin consulta, actas ni indemnización.
“Fue un despojo. Simplemente les dijeron: ‘salte o te tapo’”, sentenció.
Estas tierras, dotadas originalmente durante el reparto agrario del general Lázaro Cárdenas, quedaron bajo el agua con la construcción de la presa, y las familias desplazadas nunca recibieron títulos de propiedad en los nuevos asentamientos, como el ejido 5 de Mayo y zonas de Abasolo.
Hoy, muchas aún carecen de documentos legales que acrediten la posesión de sus predios.
Reyes Cantú señaló que cerca de 500 familias han vivido en incertidumbre desde los años 70. “Ya no se puede esperar más. En este gobierno de la cuarta transformación hay esperanza, pero es necesario limpiar las instituciones de inercias del pasado”, afirmó.
Durante la reunión, se anunció la posible llegada de una brigada de ingenieros topógrafos para iniciar el reconocimiento de la zona afectada, lo que representaría un primer paso hacia la restitución de derechos.
Reyes agradeció el apoyo del gobernador de Tamaulipas, pero subrayó que este es un tema de competencia federal que exige voluntad y acción inmediata por parte de las oficinas centrales.