El Congreso de Tamaulipas a través de la diputada Lucero Deosdady Martínez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, impulsa una iniciativa que promete sacudir el marco legal del país: que el abuso sexual se persiga de oficio en las 32 entidades, sin importar si hay denuncia o no.
La legislación actual —acusa la diputada— ha permitido que cientos de agresores sigan libres y que menores sigan siendo víctimas en silencio. Y las cifras lo confirman: solo en Tamaulipas, 323 casos fueron documentados hasta 2024, pero la “cifra oculta” podría multiplicarse, pues muchas familias callan por miedo, amenazas o porque el agresor vive bajo el mismo techo.
La realidad es escalofriante: más del 90% de los ataques provienen de familiares o personas cercanas “Es lamentable, es inaceptable que sigamos permitiendo esta cifra oculta. Ocho de cada diez mujeres y niñas hemos sufrido algún tipo de violencia. Ya basta. Es urgente homologar el tipo penal para que el Estado tenga la obligación de perseguir y castigar estos delitos”, advirtió.
La iniciativa nace del Pacto de Xicoténcatl, firmado en la Ciudad de México por legisladoras de comisiones de igualdad de todo el país, un frente nacional que busca que ni una sola mujer, niña o niño quede desprotegido por vivir en un estado u otro.
La legisladora detalló cambios que podrían convertirla en una de las reformas más fuertes en materia de protección infantil: Persecución de oficio: el delito se investigará sin denuncia previa. Agravantes severas para funcionarios, ministros de culto o figuras de autoridad que cometan abuso.
Reconocimiento internacional de que ningún menor puede “consentir”, incluso sin violencia explícita. Procesos sin Re victimización: actualmente las familias deben ratificar y seguir el caso, lo que frena denuncias y favorece la impunidad.
“Hoy la ley obliga a las familias a sostener procesos largos y dolorosos. Eso debe terminar. Queremos justicia pareja para todas las infancias de México”.