A un año y siete meses de su salida del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), la gestión de Brenda Denisse de la Cruz López continúa siendo objeto de escrutinio oficial. Las investigaciones, a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, no han sido cerradas y podrían derivar en acciones legales de carácter penal.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Norma Pedraza Melo, el proceso se mantiene en curso tras detectarse presuntas irregularidades que rondan los ocho millones de pesos. La funcionaria precisó que aún se encuentran en etapa de análisis para determinar si existen responsabilidades administrativas o si los hechos configuran delitos que deban ser turnados a instancias judiciales.

“La obligación institucional es aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas cuando se presume una falta grave; si de ello se desprende una conducta tipificada como delito, corresponde a la autoridad investigadora presentar la denuncia ante la Fiscalía”, explicó.

Las observaciones surgieron de una auditoría practicada al ITCA, en la que se identificaron inconsistencias en el manejo de recursos públicos, así como posibles actos irregulares durante el periodo comprendido entre octubre de 2022 y agosto de 2024, lapso en que Cruz López encabezó el organismo cultural.

Fuentes del proceso señalan que parte de las anomalías estarían relacionadas con la disposición de recursos para eventos culturales y comisiones sin la debida comprobación documental, lo que abrió la ruta a la investigación vigente. No obstante, la Secretaría de Anticorrupción ha reservado detalles específicos, al argumentar que el expediente se encuentra en fase procesal.

Antecedentes que marcaron la ruta

El origen del caso se remonta al informe de auditoría que reveló observaciones superiores a los ocho millones de pesos. Dicho documento, ya entregado a las partes involucradas, otorgó un plazo de 45 días al ejecutor del gasto para solventar o justificar las inconsistencias detectadas.

Según lo informado por la Contraloría Gubernamental, los hallazgos apuntan a posibles faltas graves, por lo que fueron canalizados a la Dirección de Investigación y Anticorrupción para su análisis.

En paralelo, al menos diez denuncias han sido promovidas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que abre la posibilidad de que exista un daño al erario estatal. Será esta instancia la encargada de determinar si hay elementos suficientes para proceder penalmente contra quienes resulten responsables.

Aunque algunos de los presuntos implicados ya no forman parte del servicio público, las indagatorias siguen su curso. El Gobierno del Estado ha reiterado que el caso será llevado hasta sus últimas consecuencias y que no se tolerarán actos que vulneren la transparencia y la rendición de cuentas.