Tras el hallazgo de graves irregularidades en el contrato por más de 4 mil millones de pesos otorgado a la empresa Tres-10 para videovigilancia en el Estado, 18 exfuncionarios cabecistas fueron inhabilitados y 4 de ellos denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó la Contralora Gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo.
“Este número puede aumentar en tanto avancen las diligencias respectivas”, agregó la funcionaria en rueda de prensa, aunque no reveló nombres para cuidar, dijo, el debido proceso.
Al desglosar las investigaciones, indicó que se han presentado cuatro denuncias ante la FGJ, de las cuales una ya fue resuelta con sentencia. “Se dictó sentencia de tres años o una fianza y reparación del daño estatal”, comentó.
Además, dijo que en paralelo hay 14 ex funcionarios inhabilitados por no presentar la declaración patrimonial.
En este contexto destacó que también hay cuatro ex funcionarios inhabilitados por faltas graves, en el área del ITACE. “Un director general, un director de área, un jefe de departamento y otro funcionario que están en proceso, además de otro por una falta no grave, pero también es un funcionario de primer nivel”, comentó.
En este sentido destacó que todos los casos también están turnados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
Tras la cancelación del contrato millonario, el Gobierno estatal dejará de pagar 67 millones de pesos mensuales durante 2024 y 2025, generando un ahorro de 442 millones de pesos que serán destinados a fortalecer la red de comunicación de seguridad, sobre todo en la frontera chica.