Por mayoría de votos y en una sesión extraordinaria de último minuto, el Congreso de Tamaulipas avaló un paquete de reformas que redefine la seguridad pública y reconfigura el futuro del sistema de pensiones estatales, decisiones que impactarán de lleno a corporaciones policiales y a miles de trabajadores del Gobierno del Estado.

El Pleno Legislativo dio luz verde a la nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, una norma que entierra una legislación obsoleta vigente desde 2009 y que, tras más de 15 años sin cambios de fondo, quedó rebasada por la realidad de la violencia, la tecnología y las exigencias federales.

Durante la discusión, la diputada Judith Katalyna Méndez Cepeda defendió el dictamen y subrayó que la nueva ley —integrada por 140 artículos distribuidos en 11 títulos— armoniza el marco estatal con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Agenda Nacional de Seguridad, alineando a Tamaulipas con la estrategia federal.

El nuevo ordenamiento redefine la estructura y atribuciones de las instituciones de seguridad, fortalece la coordinación entre Federación, Estado y municipios, impulsa la profesionalización policial y prioriza el uso de centros de comando y control, el intercambio de información y la protección de los derechos humanos.

“La intención es una actuación más eficaz en la prevención y combate del delito”, se expuso en tribuna, en medio de un debate que dejó claro que el Congreso apuesta por un viraje total en la política de seguridad.

En un segundo golpe legislativo, y también aprobado por mayoría, el Congreso avaló reformas a la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), un tema sensible que históricamente ha encendido alertas entre burócratas y jubilados.

La diputada Silvia Isabel Chávez Garay sostuvo que las modificaciones buscan garantizar el pago oportuno y continuo de las pensiones, frente a las presiones demográficas y económicas que amenazan la viabilidad del sistema. Aseguró que no se tocarán derechos adquiridos y que los cambios obedecen a una estrategia preventiva de largo plazo.

Las reformas incorporan criterios de equidad contributiva, solidaridad intergeneracional y viabilidad actuarial, y entrarán en vigor a partir de 2026 únicamente para las nuevas generaciones de trabajadores, ofreciendo —según los legisladores— certeza jurídica a quienes ya están en proceso de jubilación.

La sesión fue encabezada por la diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, presidenta de la Mesa Directiva, acompañada por Elifa Gómez y Gerardo Peña Flores como secretarios, y Elvia Eguía Castillo como suplente. Al cierre, la presidenta de la Diputación Permanente, Yuriria Iturbe Vázquez, citó a una nueva sesión de trabajo para el 6 de enero de 2026.