Tras casi dos meses concluyó el proceso de precampañas para la elección federal 2024 y empieza un período de intercampaña del 19 de enero al 29 de febrero (42 días), que en los hechos “amordazará” a los aspirantes, al prohibirles totalmente los llamados expresos a votar, realizar mítines, marchas o asambleas, presentar propuestas de gobierno y realizar actos anticipados de campañas.

Los aspirantes también están obligados a no aparecer en anuncios publicitarios.

Ahora, la ley dará paso a la etapa de registro de los candidatos a la Presidencia de la República, al Senado y diputaciones federales del país, en la cual el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció como plazo un periodo de siete días, del 15 al 22 de febrero de este año.
En entrevista, Sergio Iván Ruiz Castellot, Consejero General del INE en Tamaulipas, explicó a detalle las fechas definidas para el registro de prospectos a un cargo de elección popular, en lo que corresponde al plano federal

“En el caso de Presidencia de la República, Senadurías por el principio de representación proporcional, Diputaciones de representación proporcional, Senadores por mayoría relativa, y Diputaciones por el principio de mayoría relativa, inician del 15 al 22 de febrero de este año”, comentó.

Ruiz Castellot, añadió que, en el caso de la Presidencia de la República, y las Senadurías por el principio de representación proporcional su registro deberá realizarse con carácter de obligatorio ante el Consejero General en la CDMX, del mismo modo que las candidaturas a una Diputación Federal por elección popular.

“Las Senadurías por el principio de mayoría relativa deberán ser registradas ante el Consejo local de cada Estado, en el caso de las Diputaciones por mayoría relativa ante cada consejo distrital, sin embargo, de manera supletoria, puede hacerse ante el Consejo General”, abundó Sergio Iván Ruiz Castellot, consejero presidente del INE en Tamaulipas.

El INE realizará monitoreos en medios de comunicación para supervisar que no haya actos anticipados de campaña, y en el que el caso de las redes sociales sólo puede actuar cuando exista una queja expresa.