El Ministerio Público de Venezuela solicitó a la Interpol una “alerta roja” contra el presidente argentino Javier Milei, acusado de “robo agravado” y otros seis delitos relacionados con el avión de origen venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires y luego fue trasladado a Estados Unidos en febrero, según informó este martes el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.

Además, se incluyó en la solicitud de alerta roja a la secretaria general de Argentina, Karina Milei, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los cargos que se les imputan incluyen “legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil, inutilización de aeronaves y asociación”.

“Ya la solicitud ha sido remitida, esperemos a ver cómo va a actuar Interpol, en base a un daño realizado que es delincuencia común, que es delincuencia transnacional, que viola convenciones contra la delincuencia organizada”, declaró Saab.

En otro tema, Saab calificó de “burda” y “estúpida” la orden de captura emitida el lunes por un tribunal argentino contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad. El fiscal sostuvo que dicha orden es una “venganza” en respuesta a la decisión de la Justicia venezolana de dictar detención preventiva contra Milei y las dos funcionarias argentinas.

“No es más que una pretendida retaliación, venganza, contra el Estado venezolano por haber nosotros decidido actuar en contra del perpetrador del robo del avión (…) una reacción de última hora totalmente desenfrenada y desequilibrada del Gobierno de Milei”, expresó Saab.

Asimismo, el fiscal señaló que estas acciones forman parte de una serie de “ataques orquestados por los Estados Unidos y otras potencias extranjeras y sus satélites en el continente para agraviar, para mancillar, la soberanía” de Venezuela.

El tribunal argentino también emitió órdenes de captura contra el ministro venezolano de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y otros miembros del gobierno de Nicolás Maduro. La decisión fue tomada por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa iniciada a principios de 2023. Esta denuncia fue presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite procesar delitos graves contra los derechos humanos sin importar dónde fueron cometidos.