Perú prohibió el ingreso al país a Evo Morales, ex presidente de Bolivia, y a otros ocho bolivianos, por “intervenir” en los asuntos de política interna del país.
“Se dispuso el registro del impedimento del ingreso al país, a través de todos los puestos de control migratorio, de nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre quienes se incluye al señor Juan Evo Morales Ayma”, indicó el Ministerio de Exteriores.
Evo Morales, que durante la gestión de Pedro Castillo ingresó varias veces a Perú, ha criticado fuertemente a la presidenta Dina Boluarte.
“Estamos observando detenidamente no solamente la actitud del señor Morales, sino de quienes trabajan con él en el sur de Perú (…) que en los últimos meses y días han estado muy activos propiciando una situación de crisis y casos en el país”, dijo a periodistas el primer ministro, Alberto Otárola.
Evo Morales indicó en su cuenta de Twitter que lamentaba la relación actual entre ambos países y que los conflictos peruanos no se resolverían con “expulsiones, prohibiciones o represión”.
“Un pueblo digno como el hermano pueblo peruano sabe que la única solución a la crisis es la refundación del Estado para la recuperación de los recursos naturales con tolerancia e inclusión”, afirmó.
Nueva ola de protestas deja 12 muertos en Perú
Al menos 12 personas murieron y otras 38 resultaron heridas en la región peruana de Puno, frontera con Bolivia, en una nueva ola de protestas exigiendo elecciones anticipadas y la liberación de Pedro Castillo.
Con ello, el número de víctimas fatales en choques con las fuerzas de seguridad aumentó a 34 desde diciembre, tras la expulsión y arresto de Castillo, que intentó disolver de forma ilegal el Congreso y reorganizar el Poder Judicial.
Otras seis personas han fallecido en accidentes de tránsito vinculados a bloqueos durante protestas, según datos oficiales.
Los manifestantes exigen además la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el cambio de la Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses acusado de “rebelión”, que él exmandatario niega.
“Solicitamos a las fuerzas del orden hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza y exhortamos a la fiscalía a realizar una investigación célere que permita esclarecer los hechos”, dijo la Defensoría del Pueblo por Twitter.