Estados Unidos ya abrió una cuenta regresiva de seis meses para definir el futuro judicial de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Aunque se declaró culpable de narcotráfico y delincuencia organizada, su sentencia fue pospuesta porque decidió colaborar con la justicia estadounidense y entregar información confidencial sobre las estructuras del narco… y posiblemente, también de la política mexicana.

El Departamento de Justicia de EE.UU. espera que en ese lapso se logre confirmar, a través de inteligencia y pruebas independientes, que lo dicho por Guzmán es verídico y útil para construir otros casos. La figura legal se conoce como cooperating witness (testigo colaborador), pero no se trata de soltar nombres al azar: cada dicho debe resistir verificación judicial.

Aunque el juicio se lleva a cabo en la Corte de Chicago, las ondas expansivas de su declaración ya se sienten en México, sobre todo porque uno de los escenarios que ya se discute es la posible implicación de políticos mexicanos en sobornos, protección institucional o lavado de dinero.

De acuerdo con especialistas, EE.UU. no dicta sentencia inmediata a Ovidio porque espera que sucooperación resulte en detenciones, pruebas o información que permita abrir otros expedientes criminales.

Por ejemplo, si Guzmán López mencionó que cierto gobernador mexicano recibe dinero del narco, eso no basta. Lo que hace la fiscalía estadounidense es usar ese dato para pedir a un juez autorización de intervenir el teléfono del sospechoso o seguir sus cuentas bancarias.

Si las llamadas, mensajes o transferencias confirman lo dicho por Ovidio, entonces hay dos cosas en firme: un delito comprobado y que el testigo colaborador dijo la verdad. Así funciona el sistema estadounidense. Si lo que dice no se puede corroborar, pierde valor su testimonio… y él pierde beneficios judiciales.