La protección del 30 por ciento del océano y su biodiversidad para 2030 permitiría la conservación de un ecosistema que ocupa más del 70 por ciento del planeta y del que dependen más de mil millones de personas, según se recuerda este 8 de junio, cuando se celebra el Día Mundial de los Océanos y con la Conferencia de Lisboa en puertas.

Precisamente, “Revitalización: Acción colectiva por el Océano” es el lema de Naciones Unidas para la celebración este año del Día Mundial de los Océanos, con el horizonte puesto en el compromiso de proteger el 30 por ciento de la naturaleza en tierra y marina para 2030, un compromiso al que se han sumado muchos países.

Y todo ello en vísperas de la Conferencia del Océano, que se celebrará en Lisboa entre el 27 de junio y el 1 de julio y en la que se tratarán, entre otros temas, la excesiva urbanización del litoral, la sobrepesca, la explotación de recursos, la contaminación causada por el plástico entre otros materiales contaminantes, el transporte marítimo o la minería submarina.

Sobre la minería submarina, el secretario de Estado de Medio Ambiente de España, Hugo Morán, resalta en declaraciones a Efe que “en último término la explotación de recursos mineros submarinos más allá de las aguas jurisdiccionales nacionales corresponde a Naciones Unidas porque se entiende que son recursos que pertenecen al conjunto de la humanidad”

La posición española al respecto, añade, se basa en la “aplicación del principio de precaución, de manera que no se avance en autorizaciones de explotación de minería submarina en tanto no haya un conocimiento suficiente en relación con las garantías de que no vayan a producirse efectos ambientales irreversibles en el medio marino”.

Acerca de este mismo asunto, desde la organización Ecologistas en Acción explican a Efe que la Convención del Derecho al Mar, que es la que regula todo el funcionamiento de la alta autoridad y demás temas relacionados con el océano, prevé que, si no hay acuerdo sobre las normas de explotación del fondo marino, se aplicará “la norma de los dos años”, que autoriza a países que tienen licencia a iniciar actividades de minería submarina.