La ley fue aprobada con 101 votos a favor de los oficialistas y aliados, 8 en contra y 51 ausencias.
Los cambios al Código Penal incluyen el aumento de tres a 10 años de prisión a las mujeres que aborten.
Tras dicha aprobación, el oficialismo designó a la ciudad de Guatemala como la Capital Pro-Vida de Iberoamérica.
La legislación amplÃa además las penas a médicos y aquellas personas que faciliten la interrupción del embarazo.
En tanto que la pena por practicar un aborto sin consentimiento y en consecuencia la madre muere, aumentó de 12 a 50 años de prisión.
Finalmente, para un aborto terapéutico, que se puede practicar sin castigo, se requerirá más requisitos.