La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión el jueves que permite temporalmente a los hospitales de Idaho realizar abortos de emergencia. Esta resolución deja varias cuestiones sin respuesta y podría llevar el caso de nuevo ante el tribunal de mayoría conservadora en el futuro cercano.

El fallo se produjo un día después de que una versión preliminar de la opinión se publicara brevemente en el sitio web del tribunal y fuera rápidamente retirada, aunque la agencia Bloomberg logró obtenerla. La versión final de la opinión es similar al borrador inicial y revoca una orden anterior que había permitido que la prohibición del aborto en Idaho siguiera en vigor, incluso en situaciones de emergencia médica.

Sin embargo, la decisión no resuelve los puntos clave del caso, lo que significa que los mismos jueces que revocaron el derecho constitucional al aborto en 2022 podrían volver a abordar la cuestión de cuándo los médicos pueden realizar abortos en situaciones de emergencia.

La publicación anticipada de la sentencia fue la segunda en dos años relacionada con el aborto, aunque en diferentes circunstancias. En 2022, una filtración al portal Politico reveló la decisión de la Corte Suprema que puso fin al derecho constitucional al aborto.

El caso de Idaho fue presentado por la administración Biden, que argumentó que los médicos deben poder realizar abortos de emergencia bajo una ley federal cuando la vida de una mujer embarazada está en riesgo. Idaho respondió diciendo que su ley incluye una excepción para salvar la vida de la paciente y que no se necesitan excepciones adicionales bajo la ley federal.

Los médicos en Idaho habían expresado su preocupación por la falta de claridad en la ley sobre cuándo podían realizar abortos en emergencias, lo que había resultado en el traslado aéreo de mujeres embarazadas a otros estados para recibir atención médica de emergencia desde que la prohibición entró en vigor en enero.

El tribunal decidió por una mayoría de 6 a 3 que no debió intervenir tan rápidamente y restableció una orden de un tribunal inferior que permitía a los hospitales realizar abortos de emergencia para proteger la salud de la paciente embarazada.

Esta decisión significa que el caso de Idaho continuará en los tribunales inferiores y podría regresar a la Corte Suprema. La opinión no aborda si los médicos pueden realizar abortos de emergencia en otros estados, un tema crucial ya que muchos estados con legislaturas controladas por republicanos han implementado restricciones al aborto en los dos años desde que la Corte revocó el fallo de Roe v. Wade.

En un caso similar, Texas argumentó que la ley federal de atención médica no anula su prohibición estatal del aborto, y el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos falló a favor del estado. La decisión de Idaho no parece afectar este resultado. La administración Biden ha apelado el caso de Texas, lo que podría llevar el asunto nuevamente a la Corte Suprema. Es poco probable que los jueces consideren abordar el caso de Texas antes del otoño.

Corte Suprema bloquea acuerdo de Purdue Pharma sobre opioides
También este jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el jueves un acuerdo nacional con Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, que habría protegido a los miembros de la familia Sackler, propietarios de la compañía, de demandas civiles por los daños causados por los opioides, aunque también habría proporcionado miles de millones de dólares para combatir la epidemia de opioides.

Después de más de seis meses de deliberación, los jueces, en una votación de 5 a 4, bloquearon el acuerdo elaborado con gobiernos estatales y locales y las víctimas. Los Sackler habrían aportado hasta 6 mil millones de dólares y renunciado a la propiedad de la empresa, pero habrían conservado una considerable parte de su fortuna. El acuerdo preveía que la empresa saldría de la quiebra como una entidad distinta y que sus beneficios se utilizarían para el tratamiento y la prevención.

El juez Neil Gorsuch, en representación de la mayoría, señaló que “nada en la ley actual autoriza la liberación de los Sackler”. Los jueces Brett Kavanaugh, Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor disintieron. “Las víctimas de opioides y futuras víctimas de agravios masivos sufrirán enormemente a raíz de la desafortunada y desestabilizadora decisión de hoy”, escribió Kavanaugh.

El Tribunal Supremo había suspendido el acuerdo el verano pasado, respondiendo a las objeciones de la administración Biden. Ahora, no está claro qué pasará. Durante los argumentos a principios de diciembre, que duraron casi dos horas, los jueces parecían divididos entre no querer perturbar un acuerdo cuidadosamente negociado y la reticencia a recompensar a los Sackler.

La cuestión central para los magistrados era si la protección legal de la quiebra podía extenderse a personas como los Sackler, que no se habían declarado en quiebra. Los tribunales inferiores habían emitido fallos contradictorios sobre este tema, que también afecta otras demandas importantes por responsabilidad de productos.

El Síndico de Quiebras de Estados Unidos, una rama del Departamento de Justicia, argumentó que la ley de quiebras no permite proteger a la familia Sackler de ser demandada. Durante la administración Trump, el gobierno apoyó el acuerdo, mientras que la administración Biden sostuvo que las negociaciones podrían reanudarse y posiblemente conducir a un mejor acuerdo si el tribunal detenía el actual.

Los defensores del plan dijeron que a veces es necesario involucrar a terceros para alcanzar un acuerdo y que la ley federal no impone ninguna prohibición al respecto.

OxyContin llegó al mercado en 1996, y la agresiva comercialización de Purdue Pharma se cita frecuentemente como un catalizador de la epidemia de opioides a nivel nacional, persuadiendo a los médicos a recetar analgésicos sin considerar adecuadamente los peligros de adicción.

El fármaco y Purdue Pharma, con sede en Stamford, Connecticut, se convirtieron en sinónimos de la crisis, a pesar de que la mayoría de las pastillas recetadas y utilizadas eran genéricas. Las muertes por sobredosis relacionadas con opioides han seguido aumentando, llegando a 80 mil en los últimos años, principalmente debido al fentanilo y otras drogas sintéticas.

El acuerdo con Purdue Pharma habría sido uno de los más cuantiosos alcanzados por compañías farmacéuticas, mayoristas y farmacias para resolver demandas relacionadas con la epidemia presentadas por gobiernos estatales, locales y tribales de nativos americanos, entre otros.

Estos acuerdos han sumado más de 50 mil millones de dólares y habría sido apenas el segundo en incluir pagos directos a las víctimas de un fondo común de 750 millones de dólares, con pagos que habrían oscilado entre 3 mil 500 y 48 mil dólares.

Los miembros de la familia Sackler ya no forman parte del consejo de administración de la empresa y no han recibido pagos de la misma desde antes de que Purdue Pharma se declarara en quiebra. Sin embargo, en la década anterior, recibieron más de 10 mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad, según los Sackler, se destinó a pagar impuestos.