Una nueva prórroga al régimen de excepción fue aprobada el pasado miercoles 6 de diciembre, el cual suspende los derechos constitucionales relacionados con la defensa y detención de las personas y la privacidad de las telecomunicaciones, en el marco de una política de mano dura en el combate a las pandillas.
El decreto mantiene la suspensión de los derechos de una persona a ser informada de los motivos de su detención y a contar con un abogado defensor, lo cuál, permite extender la detención administrativa de 72 horas a 15 días sin autorización de una interferencia a las telecomunicaciones.
Según el informe de Amnistía, hasta octubre de 2023, organizaciones de derechos humanos han registrado más de 73 mil 800 detenciones, 327 casos de desaparición forzada y más de 190 muertes bajo custodia estatal.
El Gobierno asegura que las medidas extraordinarias “han sido exitosas” y que han dado con la captura a 74 mil personas, pero que aún mantienen “miembros terroristas y sus liderazgos en libertad”. Los jueces han puesto en libertad a más de 7 mil personas.