Las tensiones entre el gobierno de California y la administración del expresidente Donald Trump se intensificaron este lunes, luego de que el estado presentara una demanda por el despliegue “ilegal” de la Guardia Nacional para contener las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles.
El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció junto al gobernador Gavin Newsom la acción legal, alegando que la federalización de las tropas violó la Constitución, específicamente la Décima Enmienda, al llevarse a cabo sin el consentimiento estatal requerido.“Activar a estas tropas para protestas que las fuerzas del orden locales confirmaron que estaban bajo control es profundamente injusto y una falta de respeto a su servicio y sacrificio”, señaló Bonta en una declaración oficial.
La demanda destaca que esta es la primera vez desde 1965 que un presidente activa a la Guardia Nacional en un estado sin una solicitud del gobernador, lo que consideran una extralimitación de poder federal.
El gobernador Newsom, por su parte, defendió su autoridad:“El gobernador de California sabe cómo y cuándo llamar a la Guardia Nacional. Lo hicimos durante los incendios, y también en 2020, durante algunas protestas. Esta decisión no fue autorizada”.
La situación escaló luego de que Tom Homan, encargado de la política migratoria de la Casa Blanca bajo Trump, sugiriera en una entrevista que Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían ser arrestados por no cooperar con las redadas. Ante esto, Newsom respondió con un contundente: “Tom, arréstame”.
Aunque Homan más tarde aclaró que no hay intención de proceder legalmente contra el gobernador, advirtió que la administración de Trump no tolerará obstáculos a la aplicación de la ley migratoria.