En 2017, México suma 32 mil 218 personas reportadas sin localizar, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (Secretaría de Gobernación). Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa concentran 55% de rezago en procuradurías y fiscalías locales. En asuntos federales, responsabilidad de la Procuraduría General de la República, el mayor número de casos se registra en Guerrero, Veracruz y Tamaulipas. En enero pasado, el corte nacional era 30 mil 942 casos de personas no localizadas. En un trimestre, sumaron mil 274 registros adicionales. En 2014 había 23 mil 603 personas no localizadas.

En 2011, con Felipe Calderón la cifra era 4 mil 119 expedientes. Para detener la curva ascendente de este registro, se aprobó una ley en el Senado, pero falta que ratifique la Cámara de Diputados. La Ley General de Desaparición Forzada de personas y Desaparición cometida por particulares obliga a elaborar un registro

nacional de fallecidos, así como otro de fosas, entre otros factores diseñados para combatir estos delitos. Está pendiente dictaminar la reforma constitucional en materia de mando mixto policial.

El número de muertos por conflictos internos durante la última década, coloca a México como el segundo país más violento del mundo, debajo de Siria. Tras deteriorarse 4.3% en 2016, el promedio de paz en México, es similar a Venezuela e Israel. El mayor número de muertos ocurrió en Siria, seguido por México, Afganistán e Irak. El costo para controlar la violencia fue de 25 mil pesos por persona. En Colima, fue de 66 mil 500 pesos. El deterioro de la paz en México se debe al aumento de 18%o en la tasa de homicidios respecto a 2015, de los cuales 61% se cometieron con arma de fuego. Sobresale Colima, donde la tasa de homicidios en 2016 fue tres veces más alta que en 2011. Las entidades menos pacíficas el año pasado fueron Guerrero, Colima, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California, Morelos, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua y Michoacán.

La violencia nacional y local que azota a México, acotó la nota de que el cardenal Norberto Rivera fue denunciado por encubrir a 15 sacerdotes pederastas. Los ex sacerdotes Alberto Ahtié y José Barba, acudieron a la Procuraduría General de la República para denunciar que en diciembre 2016, Rivera admitió haber enviado al Vaticano expedientes de 15 sacerdotes que cometieron pederastia en México. Los casos fueron sancionados en la Santa Sede, pero la información no se presentó ante autoridades ministeriales. ¿Quiénes son las víctimas, dónde están y cuál es su situación actual?, es información que se desconoce.

Norberto Rivera presentó su jubilación por edad, por lo cual los ex sacerdotes denunciantes consideraron que es el momento para lograr la PGR actúe a favor de las víctimas de pederastia. Un caso más, que de nuevo mancha la imagen de la iglesia Católica, a pesar del esfuerzo del Papa Francisco por limpiar el Vaticano y a la Iglesia de los responsables de distintos tipos de acusaciones