Los posicionamientos de la bancada del PRI en San Lázaro y de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) son coincidentes en cuanto a los vicios jurídicos y manipulación de los hechos que se observan en el proceso de desafuero en contra del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Había diferentes escenarios que pudieron haberse seguido, pero tal como lo aprobaron en Comisiones el camino a seguir es someter el dictamen a la aprobación del pleno, donde el mayoriteo morenista obviamente lo ratificará.

En esas condiciones la Mesa Directiva de la Cámara Baja convocará al pleno para instituirlo como Jurado de Procedencia, el primer paso será resolver si se retira o no la inmunidad procesal penal del mandatario. Una vez aprobado (lo cual obviamente ocurrirá) será comunicado al Congreso de Tamaulipas para los efectos dispuestos por el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal. Así lo reportó un comunicado de San Lázaro.

Antes de entrar en detalles sobre lo que puede resultar en el Congreso local, vale la pena traer a cuenta, las declaraciones de la diputada federal del PRI, Claudia Pastor, expuestas en la Cámara de Diputados al fijar postura a nombre de su partido en torno al caso de desafuero encausado hacia el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

La legisladora del Tricolor dijo que “no puede hacerse una justicia selectiva y que en este caso más bien huele a venga y no ha justicia”. Agregó que, “Se suspenden o amplían los plazos en hechos gravísimos practicados en contra de menores de edad y en otros temas que ustedes conocen (en una referencia a los casos de Félix Macedonio y del diputado poblano acusado de abusar de un jovencito).

Luego se refirió a un funcionario de Chihuahua de Morena, cuyos procedimientos se han pospuesto, “hay asuntos que merecen toda la calma y otros que tienen mucha prisa. Eso no se vale, uno de los principios procesales es la equidad y hay que justificar, porque se trata a unos de una manera y a otros de otra forma”.

Sin duda es una justicia selectiva, hasta ahora sólo han podido acreditar al gobernador García Cabeza de Vaca un solo delito, que es la supuesta evasión de impuestos, de acuerdo a los registro de su defensa.

UN GOBERNADOR SUSTITUTO

Escribimos este comentario a medio día de este jueves y lo que podemos vislumbrar es que, los resultados del dictamen serán ratificados por el Pleno de la Cámara de Diputados, establecido ya como Jurado de Procedencia, aplique el desafuero al Gobernador, se le retire la inmunidad procesal, se ponga a disposición de la Fiscalía General de la República y se comunique al Congreso del Estado para que designe un nuevo Gobernador.

Eso es desde la cúpula federal, pero falta que se manifieste el Congreso del Estado de Tamaulipas.

Al respecto en la esta ciudad capital no se habla de otra cosa que los nombres de los posibles sucesores. En las reuniones de café y corrillos políticos se mencionan principalmente al Secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, así como a los titulares de los poderes, legislativo y judicial, Gerardo Peña Flores (que anda en campaña) y Horacio Ortiz Renán, respectivamente, para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal, los tres son elementos de confianza del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

De ser así, el Poder Legislativo local, tendrá que resolver en 48 horas, es el plazo que le otorga la Constitución de Tamaulipas para designar al sustituto en el poder ejecutivo y lo puede hacer con mayoría simple, es decir 50 % más 1 de quienes estén en pleno, previa aprobación de cuórum.

Esa es la historia que espera el bando opositor del gobernador FGCV, pero no necesariamente este puede ser el primer desenlace de la historia, porque esto va por capítulos, como las teleseries.

Lo más probable es que la Cámara de Diputados, que es un órgano federal, instruya, o sugiera al Congreso local homologar la declaración de procedencia, esto tendrá que ser sometido a votación en este caso de un Congreso mayoritariamente panista.

No homologarlo, es no retirarle el cargo o la humanidad penal, no desaparecen las acusaciones al gobernador, pero le permitiría mantenerse en el cargo y terminar el mandato y continuar con ese proceso acusatorio. Y concluyendo su administración, siendo un simple mortal tendrá que enfrentar los cargos, manipulados o no, justos o no, reales o ficticios, o los que usted desde su particular apreciación observe.

También el Congreso tiene facultades para votar el desafuero o correr todo el procedimiento como si fuera una segunda instancia. Es decir, iniciar el proceso de desafuero, como lo hizo la Sección Instructora. Puede darse la orden de iniciar un proceso de ‘juicio’.

La realidad es que hay una larga lista de opciones imposibles de resumir y que intentamos concentrarla en dos caminos, que es mantenerse en el poder o elegir un relevo. En la segunda consideración FGCV no gana nada y perdería descrédito, porque justo o injusto, un desafuero sería un estigma con repercusiones sumamente negativas en plenos comicios.

El camino es largo y esto apenas está comenzando.