Hay temas que, de plano, o no se quieren abordar o no se ha encontrado la forma de hacerlo: los automóviles de procedencia americana nos quitan la tranquilidad a muchos todos los días, por la forma en que se ha abordado el asunto que se ha convertido en un verdadero problema social, lejos de constituir una solución.
No podemos pensar en que beneficien a miles que adquieren automóviles a bajo precio, porque no tienen con qué comprar un vehículo nacional, cuando afectamos, en primera instancia, a lo fabricantes y a quienes hemos tenido la desgracia de toparnos con un infeliz irresponsable que choca y no responde, porque las placas no tienen un seguimiento práctico: si bien es cierto que tienen un número de registro en alguna de esas centrales que han servido para enriquecer a unos muy pocos, para Tránsito no significan nada y consideran que los números de placa no son suficientes para meterlos en cintura.
Llama la atención el hecho de que para el coordinador de ONAPPAFA, Benito Villela Sáenz, el noventa por ciento de los vehículos “chocolates” no está registrado en ninguna central, e insistimos, los que están, no responden y las asociaciones y grupos sociales que se han dedicado a hacer dinero a costa de este asunto, no han tenido la decisión de ayudar a la autoridad.
Y obviamente, hay un sinnúmero de ilícitos que todos los días afectan el presupuesto de quienes sí pagamos impuestos y queremos una ley acorde a nuestra realidad y necesidades.
Ya es mucho el tener que soportar con que haya miles de automovilistas que no paguen lo que deben como para que todavía tengamos que soportar que nos burlen y no paguen sus responsabilidades.
Dice Sáenz que son alrededor de 3 millones de unidades ilegales en la entidad, y de éstas, el 90 por ciento circula impunemente, constituyendo un peligro para los demás.
Mienten los que argumentan no tener dinero para un carro nacional, a juzgar por los modelos que están adquiriendo en el extranjero y que tienen que ver con vehículos de gran lujo, de modelos muy recientes y que nada tienen que ver con la gente necesitada.
No decimos que tengan que traer carcachas y carros viejos, pero que no engañen con autos de lujo, deportivos y camionetas de súper lujo enlistadas.
Probablemente se requiera recons8derar las políticas para meter en cintura a los carros americanos, pero sinceramente, somos de la idea de que todos tenemos que estar dentro de la ley, todos tenemos que observar los requerimientos legales, y nadie tiene por qué vivir al margen de la ley.
Aquí ha fallado por la ineficiencia de las autoridades, en el sentido de que ninguna autoridad nos hace caso por hacer cumplir la ley, y eso lo sabemos todos.
Y es aquí donde alguno de los muchos candidatos a diputado podría decirnos -aunque luego no se cumpla- que pugnará porque vivamos en un completo y total estado de derecho, donde la ley privilegie al que cumpla, y donde se haga cumplir a todos por igual, dejando a un lado esos beneficios que aparte de ilegales constituyen actos fuera de un orden ciudadano.
Ya el gobierno de Tamaulipas hizo un esfuerzo por dotar de seguro a todos hace un par de años. ¿Por qué no pensar en que se cumpla, al menos, con ese requisito legal de estar asegurado por daños a terceros, a fin de no afectar a los demás?
Debe saber que no es agradable pagar miles de pesos porque un irresponsable dejó embarrada su responsabilidad y honestidad en una esquina de nuestras calles y omitió su responsabilidad legal y material.
Nadie tendría por qué pagar los errores de los demás.
Y en este sentido, la autoridad debe garantizarnos que vivimos en un estado de derecho, que bien se podría empezar por los “chocolates” y obligar a los que los traen a asegurarse, o de plano, prohibirles circular con total impunidad.

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