El anuncio que hiciera el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la declaratoria en la cual el estado mexicano reconoce la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, es un claro avance para los derechos humanos en nuestro país que tiene como único fin el dar-le paso a la evaluación en esta materia y a su vez permitir el acceso a las recomendaciones que resulten necesarias por parte de este instrumento internacional.

La noticia fue bien recibida por grupos de familias, organizaciones y colectivos de la sociedad que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos quienes consideraron este hecho como un triunfo ya que por muchos años han mantenido una lucha por ser escuchados, exigiendo ser apoyados y tomados en cuenta por las autoridades.

Al ser aprobada la petición del presidente en el Senado Mexicano, esta competencia internacional podrá examinar casos individuales e intervenir sin limitaciones en los eventos de desapariciones forzadas para ayudar a prevenir este fenómeno y reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, la verdad y a una reparación del daño en diferentes modalidades.

La participación de dicho comité no reemplaza la tarea del gobierno quien tiene la responsabilidad de encontrar con vida a las personas que desaparecen y su destino final; conocer la verdad de los hechos, brindar justicia y la reparación del daño; así como garantizar que el delito no se repita y perseguir a los responsables, sean o no servidores públicos.

Previamente, el reconocimiento a la competencia del comité se mantuvo detenido durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde en esa época además de evitar su intervención dejaron de atenderse recomendaciones internaionales provocando el recrudecimiento del delito con un combate deficiente don-de a la fecha la cifra de desaparecidos en este año rebasa las 73 mil personas, dejando como resultado el incremento en la desconfianza a las investigaciones de la autoridad.

Estos acontecimientos lacerantes alcanzaron a Tamaulipas, siendo uno de los esta-dos con mayor número de casos documentados de desapariciones forzadas donde en un contexto difícil se han dado protestas significativas por los crímenes y desapariciones que han destrozado a familias enteras quedando en la memoria de una sociedad agraviada.

Este era un pendiente que México tenía con la sociedad y que ahora el Ejecutivo Federal, reconociendo la dimensión del problema, reafirma su solidaridad con las miles de familias que son víctimas de este delito, dándoles el trato digno que merecen ante esta grave situación, lo que servirá para que las autoridades de todos los niveles del gobierno trabajen en sincronía y coordinación, sin evadir la responsabilidad; todos en un mismo compromiso y combatir esta práctica de la desaparición forzada ya que constituye un crimen de lesa humanidad.

El hecho representa una importante señal que da el Gobierno Federal ante una valoración que se toma con absoluto respeto y seriedad por la grave crisis humanitaria donde no puede haber más impunidad, aun que debemos reconocer que habrá que seguir trabajando en la prevención de la violencia, en el esclarecimiento de sucesos y en apoyo a los familiares de las víctimas de una de las más graves violaciones a los derechos humanos que tan lastimado tienen a nuestro pueblo.

Hoy en día la realidad no se oculta y por ello ha sido una prioridad de la adminisración federal el fortalecer los trabajos y las investigaciones que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) de la Secretaria de Gobernación.

Con lo anterior queda de manifiesto que el gobierno mexicano ha tomado las medidas necesarias para dar respuesta a una demanda tan sentida, en pleno respeto a los derechos humanos y en cumplimiento del compromiso establecido respecto a la prevención y combate a los crímenes como la desaparición forzada, donde pone todo su empeño teniendo como prioridad la localización de las personas desaparecidas abriendo el país a una revisión internacional para que los familiares de las victimas obtengan el acceso a la justicia y verdad en una acción necesaria en mate-ria de derechos humanos.