Durante años nos dijeron que “el pueblo es sabio”. Lo escuchamos en campañas, discursos, conferencias y plazas públicas, se convirtió en una de las expresiones favoritas del movimiento que hoy gobierna México. Y quiero creer que es verdad.
Pero entonces hay una pregunta inevitable:
Si tanto confían en que el pueblo es sabio, ¿por qué quieren decidir qué información puede creer el pueblo?
La discusión que hoy se desarrolla alrededor de los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias debería preocuparnos más allá de partidos políticos e ideologías.
Porque el problema no está en proteger a las audiencias, por supuesto que los ciudadanos tenemos derecho a recibir información plural, a distinguir entre información y opinión, a exigir códigos de ética y a contar con mecanismos para inconformarnos frente a los medios.
El problema comienza cuando aparecen conceptos suficientemente ambiguos para preguntarnos quién terminará decidiendo qué información es falsa, qué está “descontextualizado” y hasta dónde puede intervenir una autoridad.
Ahí cambia completamente la discusión, porque una cosa es proteger los derechos de las audiencias, y otra muy distinta es abrir una puerta para que desde el poder se pueda influir en los límites de la conversación pública.
México no necesita una autoridad que piense por los ciudadanos. Necesita ciudadanos con acceso a más información, más fuentes, más opiniones y más herramientas para construir su propio criterio.
Ningún mexicano salió a las calles para pedirle al gobierno mayor vigilancia sobre las ideas.
Los mexicanos están pidiendo seguridad, medicamentos, empleo, apoyo para el campo, mejores escuelas, crecimiento económico, están pidiendo que el gobierno resuelva, no que decida por ellos qué deben escuchar. Y por eso esta discusión no puede analizarse de manera aislada.
Hace apenas unos días escribía en este mismo espacio sobre los riesgos de limitar las expresiones de la oposición, hoy la preocupación adquiere una dimensión todavía mayor. Porque las libertades rara vez desaparecen de un día para otro, se van acotando.
Primero se regula una expresión, después se cuestiona una opinión.
Luego se determina qué información puede considerarse correcta o incorrecta.
Y cuando una sociedad finalmente comprende cuánto terreno cedió, muchas veces resulta demasiado difícil recuperarlo.
No estoy diciendo que México haya llegado a ese punto.
Estoy diciendo algo mucho más importante: no debemos permitir que llegue.
Y quienes hoy justifican una facultad porque confían en quienes gobiernan deberían preguntarse si aceptarían exactamente esa misma facultad en manos de su peor adversario político.
La libertad de expresión no fue creada para proteger aquello que nos gusta escuchar, existe precisamente para proteger aquello que incomoda.
La investigación periodística que revela lo que alguien quisiera ocultar, la pregunta que un funcionario preferiría no contestar, la opinión que contradice al gobierno, la crítica de la oposición, incluso las palabras con las que profundamente estamos en desacuerdo.
Porque una democracia no necesita ciudadanos obedientes, necesita ciudadanos informados.
No necesita periodistas temerosos, necesita periodistas libres.
No necesita oposiciones silenciosas, necesita contrapesos capaces de cuestionar.
Y tampoco necesita gobiernos protegidos de la crítica, necesita gobiernos capaces de responder a ella.
Por eso defender la libertad de expresión no significa defender únicamente a periodistas, medios o partidos políticos, significa defender el derecho de cada mexicana y cada mexicano a escuchar distintas versiones, contrastarlas y decidir por sí mismo qué creer.
El gobierno debe confiar en la inteligencia de los ciudadanos. No sustituirla.
Si verdaderamente creen que el pueblo es sabio, entonces permítanle escuchar, permítanle comparar, permítanle cuestionar, permítanle decidir.
Porque la democracia no se fortalece cuando una voz pretende establecer los límites de todas las demás. Se fortalece cuando incluso las voces más incómodas pueden expresarse sin miedo.
Un pueblo libre no necesita tutores. Necesita instituciones que respeten sus libertades y gobiernos suficientemente democráticos para entender que la crítica no es una amenaza, es un derecho. Y también es un límite indispensable frente al poder.
Porque al final, la realidad siempre encuentra la manera de hacerse escuchar.