Según los datos analizados en mi colaboración anterior, en los últimos años la inversión extranjera directa en la industria manufacturera de Tamaulipas ha sido el motor de crecimiento económico del estado y por ello es pertinente preguntar ¿Qué necesitamos para atraer más IED y exportar más? Para responder es necesario conocer la política industrial que propone el gobierno federal, a fin de identificar y aprovechar las oportunidades para Tamaulipas, así como ubicar el nivel de competitividad del país y del estado.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define “política industrial” como el esfuerzo que realizan los gobiernos para alterar la estructura industrial de su economía y así fomentar ciertos sectores de los que se espera mayor crecimiento económico, el cual no habría ocurrido en la ausencia de dicha intervención.

En México, tras la firma del TLCAN en 1994, el entonces Secretario de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), Jaime Serra Puche, opinaba que “la mejor política industrial es la que no existe”, dejando el destino de la estructura productiva del país a las implacables leyes del mercado, que está visto que sólo favorecen a los dueños del capital y, por ende, aumenta la desigualdad. Paralelamente, los gobiernos de China y los tigres asiáticos (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) avanzaron con una agresiva y bien diseñada política industrial, gracias a la cual superaron el desempeño económico de Latinoamérica.

Particularmente emblemático es el caso de Corea del Sur, que ha desarrollado una poderosa industria automotriz (Hyundai, Kia, Daewoo y Samsung son algunas de sus principales marcas) y de tecnología, con Samsug a la cabeza compitiendo con Apple por el mercado de teléfonos celulares, computadoras y tabletas electrónicas a nivel mundial.  Casualmente, el gigante de tecnología coreana nació el mismo año que la empresa más grande de México (según sus ingresos de 2021): Pemex, 1938.

A través de la Secretaría de Economía (antes SECOFI), el gobierno federal estudió las estrategias de países líderes en innovación industrial y analizó las características particulares de México, a fin de proponer una política industrial para fomentar ciertos sectores estratégicos con “el propósito de aumentar la competitividad de la economía mexicana”.  Abordaré la política industrial que propone la 4T en mi próxima entrega, en la presente me concentraré en lo que respecta a la competitividad, que resulta indispensable para lograr una política industrial exitosa.

Si bien diversas organizaciones como el BID, el Foro Económico Mundial o la Organización de Estados para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) han elaborado índices de competitividad internacional, para esta considero el índice del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que es una asociación civil que también elabora un índice estatal, lo que resulta más útil para nuestro análisis.

El IMCO define competitividad como la capacidad de un país para generar, atraer y retener talento e inversión y, como resultado, estar en condiciones de alcanzar una mayor productividad y generar bienestar para sus habitantes. El índice de competitividad internacional 2022 del IMCO ubica a México con una competitividad “baja” y en el lugar 37 de 43 economías analizadas, abajo de Chile, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Turquía, todos ellos con competitividad “media baja”.

El índice evalúa 10 subíndices: (1) sistema de derecho confiable y objetivo; (2) manejo sostenible del medio ambiente; (3) sociedad incluyente, preparada y sana; (4) sistema político estable y funcional; (5) gobiernos eficientes y eficaces; (6) mercado de factores eficiente; (7) economía estable; (8) sectores precursores de clase mundial; (9) aprovechamiento de las relaciones internacionales; (10) innovación y sofisticación en los sectores económicos.

Los principales indicadores, que corresponden a algunos de los subíndices arriba mencionados, en los que México ocupa los últimos lugares son: (1) confianza en la policía; (2) índice de vulnerabilidad a efectos del cambio climático; (3) índice de gini (mide la desigualdad en los ingresos de la población), escolaridad promedio, calidad educativa y gasto en salud per cápita; (8) penetración del sistema financiero privado; (9) número de socios comerciales y diversificación de exportaciones e importaciones; (10) gasto en investigación y desarrollo, artículos publicados por cada millón de personas PEA, aplicaciones de patentes por millón PEA y empresas certificadas ISO 9001.

En resumen, para incrementar la competitividad nacional el gobierno federal debe diseñar e implementar políticas públicas para aumentar la escolaridad promedio y la calidad de la educación, así como el gasto per cápita en salud; generar las condiciones para incrementar la penetración del sistema financiero y con ello detonar el desarrollo de PYMES, tema que abordaré próximamente al reseñar el artículo de investigación que al respecto elaboró el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados; invertir más y “mejor” en investigación y desarrollo de ciencia y tecnología, a fin de que se vea reflejada dicha inversión en la generación de patentes y promover los incentivos adecuados para que el sistema nacional de investigadores sea más productivo y eficiente; disminuir la desigualdad, es decir, el índice de Gini, que cabe señalar, este bajó 1.3 puntos de 2021 a 2022, según datos del IMCO.

El índice de competitividad estatal 2022 ubicó a Tamaulipas con una competitividad “media alta” y en la posición 11 de 32; en la frontera norte sólo superado por Nuevo León y Coahuila (competitividad “alta”) y Sonora (media alta); es decir, a Tamaulipas le va mejor en competitividad que al país.  A continuación se mencionan los principales indicadores, que corresponden a algunos de los subíndices arriba mencionados, en los que Tamaulipas recibe una calificación de media baja a muy baja: (1) percepción de seguridad; (2) morbilidad por enfermedades respiratorias; (3) cobertura educativa; (6) desigualdad salarial y capacitación laboral; (7) deuda estatal; (8) captación de ahorro y (10) número de centros de investigación por cada 100mil habitantes PEA y generación de patentes por cada 100mil habitantes PEA.

En resumen, para atraer más IED e incrementar las exportaciones del estado, el gobierno estatal debe trabajar en el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a (a) mejorar el sistema de salud y la cobertura y calidad educativa, para lo que no necesariamente se requieren más recursos públicos o esperar a las decisiones de política del gobierno federal, lo que es indispensable es la voluntad política para mejorar la administración y desempeño de las instituciones; (b) diseñar una política industrial que considere a la academia (universidades y centros de investigación del estado, de los estados vecinos más avanzados: Nuevo León y Texas, pero también de la capital del país) y a la iniciativa privada a fin de desarrollar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de la llamada “economía del conocimiento” (es decir, aquellos subsectores que requieren capital humano altamente capacitado, como veremos en la siguiente entrega), así como centros de investigación aplicada que resulte en el incremento del número de patentes registradas en Tamaulipas y (c) analizar la posibilidad de reestructurar la deuda estatal y continuar y extender la política de austeridad.

Básicamente se requiere tener claridad sobre a dónde llevar al estado en los próximos 5 a 25 años, considerando sus ventajas competitivas y, en consecuencia, invertir ahora para cosechar mañana. Confío en que la nueva administración trabaja por un Tamaulipas más competitivo, a fin de que aproveche al máximo las oportunidades que brindará tanto la nueva economía global del conocimiento, como el conflicto comercial del gigante asiático con nuestro vecino del norte.

La autora es Secretaria General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión