Cuando las jornadas violentas en Reynosa parecían haber dado una tregua por los festejos del 10 de Mayo, y con ello al tema de la inseguridad, un nuevo acontecimiento vuelve a ubicar a Tamaulipas en el plano nacional, ahora con el asesinato de una activista social.

Miriam Rodríguez era la representante del Colectivo de Personas desaparecidas en el municipio de San Fernando, la desaparición de su hija y posterior hallazgo en fosas clandestinas la llevó a encabezar uno de los movimientos más dolorosos en una de las regiones más complicadas del Estado. Testimonios cuentan que fue ella misma quien logró dar con el paradero del cuerpo de su hija y señalar al presunto culpable del asesinato, mismo que permanecía internado en el Centro de Ejecución de Sanciones en Victoria.

La información trascendió luego de que el representante de esos mismos grupos en Ciudad Victoria condenara los hechos a través de su cuenta de Facebook y posteriormente convocara a una rueda de prensa para relatar los mismos; se acercaron a su casa y la asesinaron, dijo, y a pesar de haber solicitado seguridad porque el presunto culpable se habría fugado junto con los 29 reos por un túnel el pasado 22 de marzo, no había recibido respuesta.

La noticia corrió como pan caliente en medio de un ambiente por demás tenso, el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, condenó los hechos a través de Twitter tan pronto como se dio a conocer la noticia en Telediario. “Expreso mi más enérgica condena por el cobarde asesinato de la activista Miriam Rodríguez. Mis condolencias para su familia”, posteriormente escribió “El gobierno de Tamaulipas no permitirá que la muerte de Miriam Rodríguez sea una estadística más, no a la impunidad”.

Fue el vocero de Seguridad, Luis Alberto Rodríguez, el encargado de dar la postura oficial. El presunto culpable del asesinato de la hija de Miriam se encuentra preso en el penal de Victoria (fue uno de los primeros recapturados tras la fuga); la activista social solicitó seguridad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que a su vez turnó el caso al Estado, el cual brindó protección a través de la Secretaría de Seguridad Pública.

A pesar de lo anterior, Miriam fue asesinada y se ha abierto una investigación al respecto. Por su parte, el procurador de Justicia, Irving Barrios, dijo a medios de comunicación nacionales, aquí en Tamaulipas no quiso preguntas, que cuentan con el video de las cámaras de videovigilancia que captaron el momento justo de los hechos cuando un hombre se acercó a la vivienda donde ella se encontraba, la asesinó y salió corriendo con toda impunidad.

Tan indignante fue el hecho, que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un comunicado para condenarlo. En el comunicado califican de “escalofriante” la fecha del asesinato. “Fue cometido el Día de las Madres, fecha que en últimos años se ha convertido en un emblema del reclamo de justicia y visualización de la lucha que llevan a cabo las familias de personas desaparecidas, lo cual le provee de un simbolismo aún más escalofriante”.

Hace un llamado a autoridades para que se brinde protección a la familia de la fallecida y a todos los familiares de personas desaparecidas, al tiempo que recuerda que Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional en desapariciones con 5 mil 558 personas. Miguel Ángel Osorio Chong, por su parte, hizo un breve pronunciamiento y le aventó la chama al subsubsecretario Roberto Campa; esperemos que el lunes que esté en Reynosa tenga una estrategia real y concreta qué presentar a la población y no más de lo mismo. Tamaulipas duele.

Irónicamente todo esto ocurre justo un par de días después de que el grupo parlamentario del PRI presentara ante el Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, misma que busca establecer un mecanismo de coordinación para garantizar la seguridad de este grupo de personas. En la exposición de motivos, los priistas dan a conocer datos duros del país como el que, en los años 2006, 2008 y 2010, registró diez asesinatos de periodistas, de los cuáles el 99.7 por ciento quedó sin resolver; el 2006 al 2010 se registraron 22 homicidios contra activistas en México y cinco contra sus familias, además de un total de 72 agresiones contra periodistas a través de Internet.

Y aunque la propuesta es de los priistas, la decisión de aprobarla, rechazarla o dejarla en la congeladora, lo cual sería una negligencia, es del Grupo Parlamentario del PAN, liderado por Carlos García, mayoría en el Congreso del Estado. Que Dios lo bendiga, gracias. comentariodenisse@gmail.com