1.- Cancelar los aguinaldos a servidores públicos de primer nivel, no sólo es violatorio a la ley, sino crea una indisciplina constitucional y un camino legal para que la iniciativa privada repita el esquema. Muy diferente hubiera sido, si por la vía del convencimiento el Presidente López Obrador hubiera apelado a la buena voluntad de sus colaboradores para que a manera de donativo se hubiera celebrado la misma práctica.
Usted dirá que hubiera sido una simulación, de las cuales hay muchas puestas en prácticas en el actual régimen.
A final de cuentas la Federación tuvo que echar mano de procedimientos para disimular, que el gobierno no está obligando a trabajadores, que no son precisamente de primer nivel, a someterse a estos recortes institucionalizados. Ya hubo denuncias filtradas por los afectados, este domingo lo publicaron varios medios de la capital del país y eso demuestra descontento y desaprobación de este método adoptado como medida para atender la crisis económica y sanitaria por el coronavirus 2019.
El documento presentado a trabajadores de PEMEX, a los que están obligando a firmar, lleva por título “Autorización descuento por nómina” y de acuerdo a información del periódico Milenio, la referida empresa productiva del Estado, está convocando a firmarla para autorizar de esta manera el descuento de un 25 por ciento de sus sueldos, lo cual aplicará hasta concluir el presente año.
El referido documento es una herramienta de protección al gobierno federal de cualquier demanda laboral, ya que estipula que los descuentos que se aplicarán en nómina, se hacen “de manera voluntaria, sin que exista dolo, presión o coacción de cualquier tipo en mi contra”.
Eso además de la cancelación del aguinaldo que al parecer no figura por ahora en este planteamiento, de aquí a noviembre hay suficiente tiempo para instrumentar otro recurso, que ponga a salvo a Petróleos Mexicanos de cualquier conflicto laboral.
Como Usted puede apreciar, el famoso Decreto no tiene el sustento legal, es anticonstitucional y por lo mismo tuvieron que recurrir a una “disimulada” renuncia a sus derechos laborales. En pocas palabras, si no firman esta “renuncia voluntaria” a defender sus derechos, el multicitado Decreto se estará tambaleando, con la puerta abierta a un procedimiento de inconstitucionalidad, de esos, de los que Porfirio Muñoz Ledo sabe mucho.
Y a propósito sobre este mismo tema el diputado federal Muñoz Ledo twitteó: “No a la reducción de salarios, ni a la supresión de los aguinaldos. Sería violatorio de la ley. Debemos respetar los contratos colectivos, otorgar apoyos a las PyMEs y establecer una Renta Básica Universal. Habiendo tanta tela de donde cortar, para que hacerle ojales”.
Por su parte El Universal publicó que el total de los empleados que serán sujetos a este ajuste salarial son 18 mil 33 y representa un ahorro de casi 3 mil millones de pesos al aplicarlo desde el próximo pago de abril y hasta diciembre de 2020. También hace referencia al formato que se está haciendo circular para su firma a través del subdirector de Capital Humano de Pemex, Franco O. Veites Palavicini y que de acuerdo a denuncias anónimas se está aplicando a servidores públicos que no son de alto nivel como se comunicó de manera oficial.
Aquí el tema es que además del mal ejemplo que se está dando a empresarios, el gobierno no tendrá estatura moral para exigir, ni siquiera sugerir el cumplimiento de pago de salarios al 100 % como lo hizo en el inicio de la pandemia. Ya estamos en situación crítica y empeorará en los próximos días al incrementarse las restricciones para tener acceso a comercios con actividades que no son de primera necesidad.

SEBIEN SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD
La mala noticia seguramente Usted ya la percibió, los casos de Covid-19 se dispararon en Victoria con 82 positivos, así amanecimos este domingo, con el número más alto del mapa de Tamaulipas, rebasando a Tampico que presentó 58, Madero 53, Matamoros 75 y Nuevo Laredo 39. Para acabar pronto la capital del estado se convirtió en puntera de la crisis de salud, gracias a la incredulidad de muchas personas que todavía dudan de que exista la enfermedad y por consiguiente no siguen las reglas instruidas por la Secretaría de Salud.
Pero además hay inconsistencia entre el discurso oficial que emite el Gobierno de la 4ª Transformación cotidianamente a través de conferencia de prensa referente al COVID y la interpretación y aplicación que los delegados federales aterrizan en Tamaulipas. Es el caso de los amontonamientos de personas beneficiadas con los problemas sociales, y está ocurriendo en la SEBIEN ahora ocupadas con la entrega de tarjetas a las mamás que fueron incluidas en el programa de Estancias Infantiles.
Resulta que los espacios son muy reducidos, Usted sabe, la austeridad y la falta de personal que ayude a meter orden para que guardando la distancia debida pasen a recoger las tarjetas que serán activadas hasta el 15 de mayo. Aquí falta un jefe o responsable que organice esa entrega, las servidoras de la nación cumplen con avisarles a las beneficiadas que ya se están entregando las tarjetas y todas de “a montón” se apersonan sin medir las consecuencias.
Son deplorables las condiciones en que laboran estas y estos servidores públicos, que corren riesgos en el desempeño de sus deberes, puesto que no hay controles de seguridad sanitaria, ni para los burócratas, ni para las mamás que acuden por sus tarjetas y que en muchos casos llevan a sus niños a los que también ponen en riesgo. Entendemos que no todas tienen con quien dejarlos. Eso de las abuelitas cuidadoras es una leyenda urbana.
No son estos los primeros casos de que las dependencias federales no cuidan los protocolos, el mal ejemplo lo dio el propio super coordinador de delegaciones, que concentró a personas de la tercera edad, también para la entrega de tarjetas donde recibir el edificio del programa “65 y más”.
Por eso decimos que hay incongruencia entre el decir y el actuar de las instancias federales.