En el sexenio de Peña Nieto se reporta 95 mil muertos; 30 mil desaparecidos,  800 fosas clandestinas con 1,600 cuerpos; bloqueos y enfrentamientos en especial en Tamaulipas, Puebla y Guerrero; abandono de poblaciones ante la amenaza de bandas; guerra en ciudades por la disputa entre cárteles y con fuerzas armadas agotadas; una severa y persistente crisis de derechos humanos; todo México en riesgo por la ola incontenible de violencia.

Continuar utilizando a las fuerzas armadas en labores policíacas es decisión de Peña Nieto. Militares y marinos realizan labores de seguridad que no les corresponden y carecen de garantías para su seguridad personal. De continuar sin apoyo policial que bajo un proyecto de crecimiento y de capacitación se encargue de esta tarea,  militares y marinos serán insuficientes para suplir la deficiente labor de las autoridades en los niveles, federal, estatal y municipal. La presencia militar es un reto para quienes eran dueños de las plazas, por ello la violencia sin control.

El gobierno federal responsabiliza a estados y municipios de no fortalecer su  policía. Olvida que fue decisión federal desaparecer la policía en el país, y ahora condiciona el apoyo. “Si estados y municipios piden renovación de convenio para que las Fuerzas Armadas estén en sus estados, lo vamos a firmar a partir del compromiso de formar policías”. Señala que en 2 mil 450 municipios hay 1,800 corporaciones de seguridad; de éstas, 900 tienen menos de 20 policías. Sólo 50 instituciones municipales están en condición de hacerse cargo de la seguridad. 

Hace algunos años los casos de desapariciones eran aislados; actualmente hay personas desaparecidas en casi todo lugar; hijos de empresarios, profesionistas, migrantes, campesinos, deportistas, sacerdotes, policías, militares y funcionarios públicos; señala un estudio del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano. “La incertidumbre que acompaña a los familiares no desaparece hasta que den con el paradero de sus parientes”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado 57 mil 861 casos de desaparecidos en 20 años. En los últimos años han encontrado 855 fosas clandestinas con 1,600 cuerpos. “Existe una crisis de desconfianza y de temor”, pues el número de entidades en que se han encontrado fosas clandestinas es cada día mayor. Los desaparecidos “son víctimas de la trata, tráfico de órganos y secuestros por el narco, actos de violencia que representan la mayor crisis de la legalidad”.

Los reclusorios federales son insuficientes, ninguno se construye recientemente a pesar del número de detenidos en el país por delitos del orden federal, por lo que se recurre a cárceles estatales con diseño para criminales de menor calibre por lo  que los reos con dinero proveniente del crimen organizado pronto crean su propio gobierno al interior de los reclusorios estatales en el país.  Además son obsoletos, están sobresaturados, por lo que los pleitos entre reos es una constante, así como las fugas.

El gran dinero del crimen organizado se impone en los penales estatales vía soborno con lo que logran el dominio de los penales, adquieren lujos para vivir, organizan motines, y dirigen a sus organizaciones desde los penales.  El gobierno federal conoce lo que sucede en los penales del país, ejemplo es la advertencia r a la población de que desde el interior de los penales se realizan extorsiones telefónicas. ¿Incapacidad del gobierno federal para controlar los penales o complicidad para dejar que desde las cárceles los criminales operen?.