Se le llama “servicio de carrera” al proceso mediante el cual un país adopta la política de someter a concursos transparentes las posiciones de funcionarios públicos, a fin de garantizar que los mejores perfiles ocupen las plazas concursadas, cumplan con un programa de capacitación continua, se evalúe periódicamente su desempeño y su esfuerzo sea reconocido y recompensado; es un proceso que se puede implementar en los tres o en alguno de los tres poderes (ejecutivo, legislativo o judicial) de los tres órdenes de la esfera pública (federal, estatal o local), así como en los órganos autónomos.

El servicio de carrera forma parte de la institucionalidad en un Estado democrático, pues ayuda a la modernización y fortalecimiento del sector público; incrementa la calidad del servicio de los funcionarios; robustece las prácticas democráticas y el ambiente plural y elimina la visión patrimonialista sobre los cargos públicos y su asignación, de ahí que las grandes potencias a nivel mundial han venido implementando el servicio de carrera en sus respectivas administraciones públicas: Reino Unido (1855), Estados Unidos (1883), España (1983) y Chile (1994), entre muchos otros.

En términos históricos, acaso pudiéramos reconstruir la historia del concepto de “funcionario público” hasta el Imperio Romano, donde existieron funcionarios responsables de diversos y complejos ámbitos de la administración pública (finanzas, obras públicas, ejército, etc.) en quienes confiaba el Emperador en turno, al darse cuenta de la necesidad de brindar estabilidad y operabilidad a las instituciones, así como a los grandes proyectos. Sin embargo, se tiene registro también de que el antecedente directo del servicio de carrera por concurso de posiciones en la administración pública se encuentra en China en el siglo VI de nuestra era.

Para el caso de nuestro país, el Servicio Exterior de México (SEM) es el servicio de carrera más antiguo y consolidado (se origina en los primeros años del México independiente, aunque toma forma y se rediseña, como hoy lo conocemos, en el período postrevolucionario), gracias al cual contamos con funcionarios diplomáticos del más alto nivel, que laboran en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Cancillería así como en 80 Embajadas, 67 Consulados, 7 Misiones Permanentes ante Organismos Internacionales y 3 Oficinas de Enlace alrededor del mundo. A estos efectos, vale la pena recordar que el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón convocó al último concurso de ingreso al SEM, el cual concluyó el verano pasado.

Con la apertura democrática de México de finales del siglo pasado, en 1990 se crea el Instituto Federal Electoral y dos años más tarde surge el Servicio Profesional Electoral Nacional, que consta de “un cuerpo de funcionarios responsable de organizar las elecciones; comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del  ahora Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral”, según lo define el propio INE.

Producto de dicha apertura democrática, suceden dos hechos históricos: (1) en 1997 el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y los partidos de oposición se dan a la tarea de reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, la cual fue aprobada en 1999; uno de los cambios relevantes es precisamente la creación del servicio de carrera de la Cámara de Diputados, y (2) el PAN llega al Poder Ejecutivo en el año 2000 con la intención de crear e implementar el servicio de carrera, para lo cual se promulgó en 2003 la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal (APF), sin perjuicio de que el esfuerzo queda trunco debido a una serie de errores de diseño institucional y a la falta de voluntad política, al respecto de lo cual sugiero consultar los artículos y libros del Dr. José Luis Méndez, experto en la materia y asesor externo del Consejo Consultivo del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

Sin duda, el rediseño del servicio de carrera de la APF es un tema pendiente que considero prioritario atender, de la mano de expertos y con firme voluntad política, al inicio del próximo sexenio; a fin de garantizar que los mejores perfiles llegan a diseñar e implementar políticas públicas que buscan resolver los grandes temas nacionales.

En cuanto a la Cámara de Diputados, la ley reformada en 1999 sólo sirvió para convocar a un concurso de ingreso de funcionarios públicos, mismo que quedó en el olvido, pues la ley mandataba la creación de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, responsable de diseñar e implementar el servicio de carrera en San Lázaro. Sin embargo, dicha unidad no se creó, ni tampoco se dio seguimiento a quienes, a través del concurso mencionado, ingresaron a laborar a la Cámara en el año 2000.

Fue hasta el 2018, con la llegada de una nueva mayoría (MORENA, PT, PVEM, PES), que los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados instruyeron a la Secretaría General a retomar, relanzar y fortalecer el servicio de carrera de dicha soberanía, en particular en los Centros de Estudio donde se generan documentos que sirven de base para la toma de decisiones de las y los legisladores.

Cabe destacar que el cuerpo técnico especializado (que conforman aquellos funcionarios cuyas capacidades fueron probadas a través de concursos de ingreso, es decir, que forman parte del servicio de carrera) cobra particular importancia precisamente ahora que el Poder Legislativo recibe un nuevo impulso en su consolidación a través de la reelección consecutiva (que por primera vez tuvo lugar en 2021), pues puede inferirse que mayor estabilidad en las legislaturas (legisladores haciendo carrera parlamentaria) implica que habrá una mayor exigencia por contar con cuadros técnicos especializados capaces de acumular memoria institucional y experiencia legislativa, pero también de acceder a y procesar la información, de manera eficaz y eficiente, para la toma de decisiones. En mi próximo artículo en este espacio abordaré la importancia del staff técnico para el trabajo legislativo.

Los procesos históricos toman décadas, incluso siglos; nuestro Congreso experimentó la apertura democrática en la segunda mitad del siglo XX con la llegada de las primeras mujeres legisladoras (1953); de los primeros legisladores de partidos minoritarios (1964 y 1979); así como con la pérdida de la mayoría por parte del partido hegemónico (1997), lo cual da pie a la creación del servicio de carrera (1999) y casi veinte años después con la llegada de una nueva mayoría que retoma e impulsa dicho esfuerzo (2018).

El camino de la profesionalización de las instituciones mexicanas aún es largo, para el caso del Poder Legislativo, no basta la creación del servicio de carrera, se hace necesaria una reforma a fondo de la Ley Orgánica del Congreso para actualizarlo y fortalecerlo en consonancia con la Constitución.  Aun así, se han sentado firmemente y con convicción los cimientos que habrán de robustecer, de cara a un futuro complejo, al poder que representa al pueblo de México: El Poder Legislativo, concretamente La Cámara de Diputados.

 La autora es Secretaria General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión