Esta semana fue de “disculpas públicas” en el Norte y Centro del Estado tras omisiones de las autoridades de seguridad en casos delicados que tuvieron que ver con personas inocentes.
Primero fue en Nuevo Laredo en donde autoridades municipales, en cumplimiento de un amparo federal relacionado con desapariciones forzadas ocurridas en el 2018, procedieron a realizar el acto público en donde además develaron una placa con 48 nombres de víctimas de desapariciones forzadas cometidas por elementos de la Marina Armada entre febrero y mayo del 20018 en esta ciudad fronteriza.
A siete años de los hechos, no hay sanciones firmes contra los marinos involucrados y sólo hay 3 sobrevivientes identificados, los demás no han sido localizadas, ni sus restos, por lo que autoridades locales se comprometieron a conmemorar el 30 de mayo de cada año en el memorial y garantizar que estos hechos no se repitan y apoyar a las familias con asesorías jurídicas y psicológicas.
Nuevo Laredo se ha visto históricamente afectado por eventos similares, debido a su difícil situación de inseguridad por su condición de ciudad fronteriza y la gran cantidad de elementos de seguridad pero también de delincuentes que imperan en la zona.
En Ciudad Victoria, por su parte, el Secretario de Seguridad Pública también encabezó un sencillo evento de “disculpa pública” por el caso del joven Rey David Guajardo Fuentes, quien desapareció el 30 de enero de 2020 en Ciudad Victoria. Su hermana lo reportó como desaparecido ante la Fiscalía el 5 de febrero, pero las autoridades no actuaron con prontitud ni proporcionaron información oportuna.
Fue apenas en abril del año paso que un juez federal, en Nayarit, resolvió un juicio de amparo determinando que hubo omisión institucional por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que constituye una violación a los derechos humanos por lo que debido a ello, más de 5 años después, el secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernández Chávez García ofreció la disculpa, reconociendo la responsabilidad del Estado por no haber buscado ni informado adecuadamente el paradero de esta persona.
Ambos casos, ocurridos en el sexenio panista, representan transgresiones graves contra derechos humanos de los ciudadanos tamaulipecos, sufrimiento que sigue extendiéndose pese a los años pues la verdadera reparación del daño sigue pendiente. Aún se requieren investigaciones reales, sanciones efectivas y un acompañamiento real a las víctimas, pero sobre todo, el compromiso real de que ésto no volverá a repetirse durante esta administración.
Que Dios los bendiga, gracias. Leo sus comentarios en mis redes sociales…