¿Cuántas veces al año se escuchan bromas irónicas en torno a que la justicia en México es pronta y expedita?

Y es que con sobrada razón tanto abogados como ciudadanos justiciables reprochan la lentitud de la justicia en nuestro país…

Hoy, hay una buena noticia. Pues después de 5 años de estar ordenado en la Constitución que nuestros legisladores federales aprobaran el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Senado por fin acaba de hacerlo.

Fíjese el porqué la relevancia del tema, estimado lector: el INEGI dentro del “Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022” dio cuenta de que las materias familiar y civil representan casi 8 de cada 10 expedientes resueltos en los juzgados locales. Es decir, es la justicia cotidiana la que inunda los tribunales en todas las entidades federativas del país.

Hago énfasis en lo anterior porque el debate público en materia de legalidad generalmente se circunscribe a cuestiones relacionadas con la materia penal (prisión preventiva oficiosa es inconstitucional; qué delitos son graves para ameritarla y cuáles no; el arraigo; etcétera).

Sin embargo, se deja de lado que millones de mexicanos son parte -y los que se sumen- en juicios sobre pensiones alimenticias, régimen de convivencia con menores, reconocimiento de paternidad, patria potestad, divorcios, sucesorios, y cuestiones relacionadas con propiedad, posesión, arrendamientos y demás conflictos ordinarios, siendo ellos los principales destinatarios de esta reforma.

La justicia en estas materias (civil y familiar) ha sido el claro ejemplo de dos cosas: 1) la deuda del sistema judicial en la prontitud para resolver y 2) la distancia que impera entre el juez y la realidad de los hechos, lo que lo ha alejado de la posibilidad de tener mejores resoluciones (más justas).

Por ello, se viene una oportunidad más para el Derecho mexicano, de: 1) a través de la oralidad procesal agilizar de manera contundente los asuntos y 2) acercar al juez a conocer de manera directa la problemática real del caso por parte de los interesados (y no solo por medio de papeles), lo que le permitirá dictar mejores fallos.

Cabe precisar, por último, que una vez aprobado este Código lo antes posible por la Cámara de Diputados para completar el proceso legislativo y en consecuencia sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, será a más tardar el primero de abril de 2027 cuando tenga que estar vigente para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluyendo Tamaulipas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Entonces, un rayo más de esperanza de una mejor justicia para México y para Tamaulipas; y siguiendo esta lógica, en su oportunidad como Colegio de Abogados estaremos atentos a la capacitación oportuna del gremio y, a que el tema presupuestal sea acorde a la naturaleza del cambio por venir, evitando así los plazos de prórrogas que generalmente se solicitan antes del aterrizaje de reformas de este calado.

Enhorabuena por el Derecho, ojalá se traduzca en una mejor impartición de justicia en beneficio de quienes la solicitan.