La violencia en contra de la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz continúa, y no nos referimos a la tercera semana de balaceras, persecuciones y enfrentamientos que estáiniciando esta ciudad fronteriza, si no a la violencia política que ella misma ha denunciado en su contra por parte de unos cuántos. Al menos es lo que se aprecia a juzgar por la serie de sanciones e investigaciones que han emprendido por todos lados contra el ayuntamiento que ella dirige, sin que la acción de justicia se haya replicado en ninguno otro de los 42 municipios restantes; y ni modo que digan que al resto de los alcaldes no tienen nada que “rascarle”, ¿verdad?
Este martes durante la sesión pública acostumbrada semanalmente por el Congreso del Estado, los diputados panistas se pusieron de acuerdo para sancionar públicamente a la alcaldesa emanada de su propio partido por “incurrir en irregularidades a principios de año”. Por increíble que parezca, los priistas que, en teoría, tendrían que ser los que criticaran cualquier actuación por ser oposición, fueron los primeros que se opusieron a la medida absteniéndose de votar, mientras que sus cuatachos azules lograron por mayoría la aprobación de la amonestación.
Recordemos que en enero se desató un escándalo (político) en Reynosa luego de la designación de tres funcionarios, el de Desarrollo Económico, de Servicios Administrativos yTránsito, quienes incumplían con los requisitos para ocupar su cargo, por lo que el Congreso del Estado inició un procedimiento en su contra con los resultados que ahora conocemos.
El líder del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso, quien, por cierto, anunció se separará de la presidencia unos días, negó que se trate de un asunto personal, o violencia política, sino de cumplir las leyes; “Maki es mi amiga”, sentenció…
Pero no crea que es el único asuntillo que traen en agenda los diputados en contra de las acciones del gobierno de Reynosa, no; ahora también pretenden quitarle la facultad de encender los semáforos de alerta a la ciudadanía a través de las redes sociales que tanto han sido de utilidad para advertir a los ciudadanos de situaciones de riesgo y que han dejado en evidencia el grave problema de seguridad que vive Tamaulipas.
Fue el panista presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Glafiro Mendiola, el encargado de proponer que sea El Consejo Estatal de Seguridad Pública y no el municipio, quien coordine y determine la emisión de alertas en los 43 municipios; es decir, no solo Maki, si no que ninguno otro alcalde de Tamaulipas podrá advertir a través de este medio a sus ciudadanos (aunque solo en Reynosa se hace); punto de acuerdo que se aprobó en esa misma hora. El argumento fue por presuntas quejas, no detalladas, de que algunas autoridades municipales han carecido de veracidad, lo que nos obliga a pensar nuevamente en la mala imagen de Tamaulipas que se ha difundido recientemente en medios internacionales.
¿Así o más controlados?
Por cierto, ayer mismo 5 personas más perdieron la vida a consecuencia de un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos de la policía estatal, lamentablemente uno de los fallecidos era un policía estatal que muere en el cumplimiento de su deber y otro, un civil ajeno a los hechos que se encontraba en su changarrito vendiendo tacos a las nueve de la mañana; los otros era presuntos delincuentes.
Durante la sesión pública en Victoria se ofreció un minuto de silencio en honor al elemento caído, mientras que el gobernador del estado expresó su pésame a través de las redes sociales. Suponemos que hoy se realizará un homenaje de cuerpo presente en Victoria como ha ocurrido en anteriores ocasiones.
Ya para finalizar, resulta por demás interesante y atinada la iniciativa que prestó el diputado Anto Tovar del PRI para crear la ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una especie de réplica de la que existe a nivel nacional para proteger a quienes realizan uno de los oficios más peligrosos del país. Vale hacer mención que en lo que va de esta administración ya han sido tres periodistas o medios de comunicación amenazados por su labor; la familia Cuellar de Victoria, unmedio impreso en Nuevo Laredo y una servidora sin que el Estado haya aplicado alguna investigación efectiva para dar con los responsables.
En lo que a nosotros respecta hemos visto el gran apoyo de compañeros del gremio periodístico en la región, enlaces con Organismos protectores a nivel nacional que han hecho una labor invaluable a favor de los colegas afectados. La PGR por su parte ha realizado un buen trabajo de investigación, a diferencia de las locales que prácticamente se han lavado las manos.
Esperemos que la propuesta de ley presentada tenga la verdadera intención de cambiar las cosas.
Que Dios lo bendiga, gracias.