El paquete económico 2022 trae reforma fiscal. Andrés López no aceptó que incluyera incrementos en tasas impositivas importantes, ISR e IVA, aunque avala la directriz a Hacienda y SAT de obtener más recaudación, decisión muy sensata, adecuada, oportuna; certera pues, de parte del presidente.

En 2019, primer año de la administración de López, la economía cayó 0.2% y los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron en 0.9%. En 2020, el PIB cayó más de 8% y la captación de impuestos crece 0.8%. En el contexto del desplome de la economía es una hazaña de recaudación. Como parte de la estrategia, el SAT dijo que los impuestos pagados por los grandes contribuyentes eran el equivalente a 1.3% de los ingresos acumulables. El Consejo Coordinador Empresarial señala que el impuesto que pagan las empresas es de 30% sobre la utilidad fiscal, por lo que cuestionó las cifras del SAT. ¿Quién tiene la razón?

Como sucede en muchos casos, la verdad está en un punto intermedio. La razón por la que el porcentaje de impuestos pagados es tan baja respecto a los ingresos acumulables es porque la legislación mexicana permite que la utilidad fiscal, base para tributar, sea más baja que en otras latitudes. Los impuestos a los ingresos y ganancias en nuestro país son equivalentes al 7% del PIB mientras que el promedio de los países de la OCDE es 11.5%. Las grandes empresas en términos generales sí pagan conforme a la ley, pero la ley ofrece diversos caminos para reducir la base gravable.

El sector privado desde hace décadas plantea que el problema fiscal en México es que no se grava a la enorme economía informal. Tiene razón en que se ha hecho muy poco para asegurar que los informales paguen impuestos, pero la baja tasa efectiva que pagan muchas empresas en México no tiene que ver con el tema de la informalidad. Nuestro sistema fiscal es desde siempre una tela de cribar tamaño marranera, todo se escapa por esos rectángulos, excepto el cautivo. La narrativa del sector privado es que si toda la economía pagara impuestos como lo hace el sector formal, otra historia sería. Este argumento tiene razón parcial, pues la elusión que se da en la economía formal es enorme.

La reforma fiscal en el Paquete Económico que va a presentarse al Congreso en septiembre incluye cambios legales para limitar la posibilidad de que las empresas reduzcan la base gravable como lo hacen. Habrá intensa polémica a ese respecto. Otra parte de la narrativa de la iniciativa privada es que no es conveniente pagar más para financiar proyectos cuestionables como los que desarrolla el gobierno o los programas sociales, lo cual también tiene parte de verdad. Por fortuna, Hacienda y el SAT tienen garantizados los votos para pasarla en las dos cámaras, pues no se requieren reformas constitucionales. El objetivo es recaudar de entrada $200 mil millones más por año. Esa cifra y mucho más se acostumbra a evadir en México.