Muchos de los servicios públicos requieren que entre los ciudadanos y el gobierno se lleven a cabo transacciones que implican el intercambio de información y la realización de procedimientos predefinidos para el acceso a información, el ejercicio de derechos, o el cumplimiento de obligaciones. En las últimas décadas la expansión de las burocracias y la proliferación de los servicios transaccionales o “trámites” han generado costos para los usuarios que afectan la calidad de vida de las familias, la productividad del trabajo y la competitividad de las empresas.

Asimismo, esos costos han contribuido a reforzar una imagen de distanciamiento del sector público de las necesidades de sus ciudadanos, y se han visto reflejados de manera negativa en la confianza en los gobiernos. Según indican las encuestas de Latinobarómetro, entre 2010 y 2015 un número creciente de ciudadanos, cada vez más informados y más exigentes, afirma no confiar en sus gobiernos.

Lamentablemente, los gobiernos suelen relegar a un segundo plano la simplificación administrativa y la reforma regulatoria. Mientras que los servicios no transaccionales, como la salud, la educación y la seguridad, contribuyen al desarrollo del capital humano, en general los ciudadanos no perciben que los servicios transaccionales agreguen valor sustantivo, pues buscan asegurar el cumplimiento de requisitos formales para el acceso a un bien, un beneficio o una autorización brindados por el sector público.

La vulnerabilidad de los ciudadanos a las prácticas de corrupción revela las debilidades institucionales todavía existentes en México y el largo camino que hay por delante para construir las capacidades necesarias para una buena prestación de servicios. En ese camino, muchos gobiernos han dado pasos importantes y se han aprendido muchas lecciones.

Un informe del Foro Económico Mundial (FEM) muestra que los factores más problemáticos que identifican los empresarios de todo el mundo para hacer negocios son la burocracia gubernamental ineficiente y la corrupción. La carga burocrática incrementa los costos de producción nacional y compromete la competitividad económica en los mercados que están cada vez más integrados y más exigentes.

En este contexto, son crecientes las iniciativas de simplificación que buscan disminuir los costos de transacción de los ciudadanos con sus gobiernos, aprovechando el potencial que brinda la implementación de mecanismos de mejora regulatoria conjugados con la modernización de las plataformas tecnológicas y la facilitación del acceso.Lamentablemente en México el informe regulatorio indica que nos alejamos de la simplificación haciendo más robusta nuestra burocracia.