En México hay rezago de 9 millones de vivienda, y cada año surgen 600 mil nuevas familias. Para 2017, los programas contemplan construir 400 mil viviendas. Paradójicamente están en abandono más de 5 millones de viviendas del Infonavit y de las fraccionadoras, muchas de ellas de 42 metros cuadrados, de materiales de baja calidad; ante el incremento desproporcionado de la hipoteca vía intereses, la falta de servicios públicos, la inseguridad, sin transporte, la distancia que les separa de sus centros de trabajo.

Los trabajadores deciden abandonar su casa adquirida con un crédito de Infonavit o bancario. A pesar de ser abandonadas, muchas casas siguen pagándose por el trabajador, pues el crédito no puede ser cancelado o transferido y les descuentan vía nómina. En 2016, Infonavit obtuvo 2 mil 200 millones de pesos por remates y subastas de viviendas abandonadas a empresas privadas. Para 2017 se colocará 40 mil viviendas. Infonavit vende casas a menos de 30% de su valor a funcionarios, empresas particulares, a gente que es muy probable lavan dinero. Con Fox, Infonavit remató 100 mil viviendas a 15 mil pesos.

En los sexenios de Fox y Calderón se construyeron cientos de fraccionamientos de Infonavit lejanos de los centros urbanos, desconectados de servicios de transporte público regular y de centrales de abasto y de comercio y sin seguridad pública, escuelas y centros de salud. Miles de compradores dejaron las casas porque no tenían servicios (muchas carecían de agua y luz), presentaban fallas estructurales, estaban lejos de vías de comunicación y sin acceso al transporte y se encontraban en zonas azotadas por la inseguridad.

El problema de las viviendas abandonadas es mayúsculo por las pérdidas económicas que significa para instituciones y constructoras y en especial para las familias de los trabajadores. Además se genera conflictos sociales pues un número importante de colonias y fraccionamientos se vuelven tierra de nadie. Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua, son un típico y triste ejemplo de esto, según lo confirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual expone que, entre sus miembros, México, Argentina, Irlanda, España y Portugal tienen la mayor cantidad de casas deshabitadas.

Dicho informe reporta 124 mil viviendas deshabitadas en Tijuana; 111 mil en Ciudad Juárez, el 20% del total de casas con este problema en el país. Les siguen Mexicali, Matamoros, Puerto Vallarta, Colima y Morelia. En Nuevo Laredo, hay 8  mil casas abandonadas en 15 colonias. En Durango, en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo están abandonadas 2 mil casas, de 4 mil 400 que había al inicio del sexenio. En Mexicali, hay 2 mil casas abandonadas. En Quintana Roo la cifra supera las 70 mil casas abandonadas, arriba de la media nacional y es la entidad número uno en este rubro en el sureste. Yucatán tiene al menos 2dos mil; Oaxaca 1,082 y Chiapas 980 casas abandonadas.

El problema del financiamiento de viviendas de interés social se agudiza pues el 10% de las 13,600 empresas dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplen con las aportaciones de ley para la subcuenta de vivienda de sus trabajadores. En Quintana Roo hay 1,400 patrones que incurren en el impago, lo cual también abona a que muchos trabajadores se desperfilen para obtener un crédito o bien se les incremente el monto de sus créditos por la no aportación patronal.

Infonavit intenta enfrentar el problema de abandono de viviendas con diversos esquemas. En Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco se llevarán a cabo, además de las subastas, la firma de convenios con los municipios más afectados, a fin de que elementos el Ejército y de las fuerzas de seguridad estatales y municipales, sin ser derechohabientes, puedan adquirir propiedades por medio de un programa de afiliación voluntaria y aportaciones.

El problema se agrava con el endeudamiento creado por los gobiernos estatales, cuyos descuentos en la nómina de los burócratas, no se trasladaron a las cuentas de crédito junto con otros bienes, coches inclusive, por lo que se trata de pérdida para los gobierno estatales.