Los avances de nuestro Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) en los últimos años confirman la relevancia, que tiene la coordinación gubernamental para hacer más eficientes las haciendas públicas en la recaudación de impuestos, el ejercicio eficiente y transparente las haciendas públicas del gasto gubernamental y un adecuado manejo de la deuda pública local.
Desde entonces, las transferencias vía participaciones y gasto federalizado no tienen precedente en la historia de la coordinación fiscal, también porque se perfeccionaron mecanismos de colaboración administrativa, transfiriendo a estados y municipios nuevas facultades y responsabilidades, como es el caso de la administración de los pequeños y medianos contribuyentes.
Y ésto se profundizó durante los primeros años de este siglo, en donde colaboré en la Secretaría de Hacienda.
Es evidente que lo anterior no es suficiente, ya que para pensar en términos de Nación, tenemos que considerar también la dinámica de los ingresos estatales y municipales, la cual, en algunos de ellos, no ha sido la más óptima ni la más transparente.
Recuerdo que hace 20 años algunas entidades llegaron a cuestionar la calidad y veracidad de la información referida a la recaudación petrolera, afortunadamente el Comité de Vigilancia del Sistema se abocó a revisar exhaustivamente el tema, con resultados positivos, los gobernadores de la época avalaron el procedimiento de cálculo y su satisfacción con los resultados en relación a los excedentes. Sin embargo, se han dado desde entonces conflictos, incluso demandas que me tocó recibir de alguna manera cuando estuve en la Secretaría de Hacienda a principios de este siglo.
Se crearon mecanismos institucionales para aclarar las diferencias, ya sean temas de interpretación legal, de desconocimiento de la ley o efectivamente de una violación a la ley por parte de alguna autoridad estatal.
Un ejemplo en esa época fue el conflicto que se presentó entre el municipio de Acapulco y el gobierno de Guerrero, en los tiempos en que el presidente municipal era el Gobernador Zeferino Torreblanca después gobernador del Estado, resulta interesante la controversia que presentó ante la Junta de Coordinación Fiscal, que cuando fue resuelta a favor del municipio el Gobernador era Zeferino Torreblanca…
Fue un hito donde las entidades federativas asumieron un frente común y lograron resultados positivos, hubo más conciencia entre las entidades federativas y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y las autoridades hacendarias.
Hoy el tema que puede suceder es que ha logrado un gran avance en la fiscalización a nivel municipal, antes de 2018 sólo se auditaban unos cuantos municipios y solamente un fondo, al día de hoy se auditan todos los fondos participables y se ha logrado avanzar casi a la mitad de los ayuntamientos del país. Está una labor que relevante en los últimos años pero existen límites, por ejemplo, estados como Oaxaca, que tiene un sistema de usos y costumbres en el cual cerca de 400 municipios se rigen por el mismo, como se presenta en diversos estados del sureste, sin embargo, los avances han sido importantes.
Lo anterior constituyó un avance relevante en la coordinación fiscal, su utilidad ha sido incuestionable, es espacio de negociación y revisión de los diferentes foros de ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas pero más importante, espacio de trabajo coordinado de corresponsabilidad en materia fiscal. En esa época se incentivó en muchos estados la creación de sistemas estatales de coordinación fiscal recuerdo particularmente relevante los casos de Guerrero y de Zacatecas, así como de otros estados en los que inclusive se contrata la deuda pública municipal como fondo que se asignaba a aquellos municipios que tuvieran una solvencia para el pago de la misma, en un ejercicio de coordinación municipal, que realmente resultó relevante y eso no solamente avanzó en esos estados con el catastro, el registro público de la propiedad y los sistemas de agua potable, con la colaboración administrativa, la recaudación del predial, los temas jurídicos referidos a la relación estado municipio, así como la transparencia y rendición de cuentas por medio de sus propios comités de vigilancia.
Todos temas importantes para la modernización de las agendas públicas municipales.
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