Hay decisiones políticas que generan dudas, y hay otras que, por la velocidad con la que cambian, obligan a hacer preguntas, lo ocurrido este fin de semana con Rubén Rocha Moya pertenece, sin duda, a las segundas.

Después de permanecer 112 días separado de la gubernatura de Sinaloa, en medio de gravísimas acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, Rocha Moya decidió regresar.

Volvió desafiando políticamente incluso a los suyos, Morena se deslindó, el Gobierno federal aseguró que no había sido una decisión acordada y desde la propia Presidencia llegaron mensajes suficientemente claros sobre la responsabilidad que implica anteponer el interés de la nación a cualquier aspiración personal.

Rocha, sin embargo, había decidido volver, parecía dispuesto a resistir, pero apenas unas 34 horas después ocurrió lo inesperado, volvió a pedir licencia, y este domingo, el Congreso de Sinaloa la aprobó por unanimidad y por tiempo indefinido.

Entonces resulta inevitable preguntar: ¿Qué ocurrió durante esas 34 horas?, ¿Qué cambió?, ¿Qué hizo que un gobernador que acababa de regresar decidido a concluir su mandato volviera a separarse del cargo prácticamente de inmediato?, ¿Fueron suficientes los llamados de su propio partido?, ¿Pesó finalmente la postura de la Presidenta?, ¿O existieron otras circunstancias relacionadas con la presión internacional que terminaron modificando una decisión que apenas horas antes parecía definitiva? No lo sabemos, y precisamente porque no lo sabemos, México merece explicaciones.

Lo que sí sabemos es suficientemente grave, un gobernador emanado de Morena enfrenta acusaciones de fiscales estadounidenses por presuntos vínculos con una organización criminal.

Él las niega y tiene derecho a defenderse, debe respetarse la presunción de inocencia, pero respetar ese principio no significa renunciar a exigir investigaciones profundas, transparencia y rendición de cuentas, porque aquí no estamos hablando únicamente del destino político de un hombre, estamos hablando de Sinaloa, de un estado que durante años ha sufrido violencia, miedo, desapariciones y la presencia brutal del crimen organizado. Y estamos hablando también de algo todavía más delicado: la posibilidad de que el poder político y el poder criminal hayan llegado a tocarse.

Si las acusaciones provenientes de Estados Unidos son falsas, que se demuestre, si existen elementos que las sustenten, que se investigue hasta las últimas consecuencias. Pero lo que México no puede permitirse es el silencio, mucho menos la protección política, porque Morena llegó al poder prometiendo exactamente lo contrario.

Prometieron no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Prometieron separar al poder político del poder económico y terminar con la corrupción, prometieron transformar la vida pública de México.

Hoy, frente a señalamientos de esta gravedad contra uno de sus propios gobernadores, esa promesa está siendo sometida a una de sus pruebas más importantes.

Durante años escuchamos al actual grupo gobernante hablar de moral pública, honestidad y superioridad ética, hoy ya no bastan los discursos, llegó la hora de demostrarlo. Investiguen, aclaren, rindan cuentas, y si existen responsabilidades, actúen.

Porque ningún gobernador, senador, alcalde, funcionario o dirigente político puede estar por encima de la ley, sea del partido que sea.

La delincuencia no tiene ideología y la justicia tampoco debería tener partido.

Pero también hay otra responsabilidad, la de la Presidenta de México. Claudia Sheinbaum no puede cargar con las decisiones personales de cada integrante de Morena, pero sí tiene la responsabilidad institucional de garantizar que su gobierno no proteja a nadie frente a investigaciones de esta magnitud.

Este caso puede convertirse en una oportunidad para demostrar que en México las instituciones funcionan independientemente de los colores partidistas.

México necesita instituciones capaces de investigar sin miedo, sin cálculos políticos y sin proteger a nadie.

Eso también es soberanía, eso también es Estado de derecho, y eso, sobre todo, es lo mínimo que merecemos los mexicanos.

Porque al final, la realidad siempre encuentra la manera de hacerse escuchar137