Plan que determina cuánto dinero se va a destinar a cada área de gobierno y qué resultados se espera obtener. Considera los ingresos que recibirá el gobierno y define cómo se aplicarán para satisfacer las necesidades de la población: salud, seguridad, justicia y educación, etc. El Presupuesto y las Rendiciones de Cuentas son la herramienta para conocer las prioridades de un gobierno, a qué objetivos se comprometió y en qué medida cumplió.
Un gobierno respetuoso, responsable se base en la Ley para su Presupuesto y la Rendición de Cuentas. Gobiernos mentirosos, corruptos, ladrones, usan política de cómplices para armar una maquinaria que da cara de respetabilidad al pueblo. Así tenemos Comisiones de Derechos Humanos; del Niño y de la Niña; del Adulto Mayor, etc.; Secretaría de la Función Pública; Órgano Interno de Control; Auditoría Superior de Hacienda; Instituto Nacional y Estatal Electoral, etc. Todos son parte de la maquinaria de corrupción que crea impunidad por el uso indebido del dinero público. El Estado Mexicano no rinde cuentas de su actuar; eso se deja para directivos de carácter menos como directores de hospital del IMSS a los que se exigía elaborar un sabroso y consistente caldo de pollo sin darle los insumos que se requiere. Un Delegado en sus informes, omite una real Rendición de Cuentas. Un ejemplo local, la Remodelación de la calle 17: Se dio a conocer el proyecto y su costo; no se tomó en cuenta a la sociedad para su elaboración, determinar la cantidad a invertir y los encargados de tal obra; o decidir el tipo de proyecto que se desea. El Estado Mexicano es unilateral; absolutista. Un ejemplo macro es que Estados Unidos abre juicio y confisca bienes a ex gobernadores mexicanos por presunta responsabilidad en delitos, mientras en México no se aplica la Ley y son referentes de poder político en sus entidades, cuando es de conocimiento del pueblo el enriquecimiento brutal, despiadado que genero cuando gobernaban. Ni siquiera la contienda electoral abre espacio para que se les investigue y aplique la Ley, nada detiene la voracidad de tecnócratas y mediocres, ahora gobernantes.
Principios de Rendición de Cuentas formal, veraz, responsable, oportuna, con la intervención social para establecer con el Gobierno el desarrollo de una nación:
-Toda persona tiene derecho a buscar y recibir información de política fiscal. El sistema jurídico debe mantener disponibilidad de esta información. La excepción es limitada, contenida en el marco legal, sujeto a revisión independiente.
-Los gobiernos deben publicar objetivos claros, medibles de la política fiscal, hacer balance del progreso y explicar toda desviación sucedida.
-Debe darse al público información de calidad de actividad fiscal pasada, presente y proyectada; el desempeño, riesgos fiscales, activos y pasivos públicos. Informes fiscales, estados contables y Cuentas Nacionales son obligación del gobierno, deben ser coherentes entre los tipos de informes y conciliación de las diferencias.
-Los gobiernos deben comunicar objetivos a alcanzar y los productos que generan con los recursos que se les confían; evaluar y divulgar los resultados esperados y reales en materia social, económica y ambiental.
-Toda operación financiera se funda en leyes, regulaciones y procedimientos administrativos, a disposición del público, sujeta a evaluación independiente. Las relaciones financieras del gobierno con el sector privado deben darse a conocer abiertamente bajo reglas y procedimientos claros.
-La autoridad para recaudar impuestos y realizar gastos es del poder legislativo; no se recaudará ingreso ni realizará gasto sin su aprobación. Debe otorgarse a la legislatura la autoridad, recursos e información necesarios para exigir al poder ejecutivo la rendición de cuentas por el uso del recurso público.
-La Entidad Fiscalizadora Superior debe ser independiente del ejecutivo; tener el mandato, acceso a la información y recursos para verificar el uso de los fondos públicos y divulgar públicamente información al respecto. Su desempeño debe estar sobre la base de independencia, la rendición de cuentas y la transparencia. Los ciudadanos deben tener el derecho de participar directamente en debates y deliberaciones públicas sobre formulación y ejecución de la política fiscal y tener de verdad oportunidad para hacerlo.