Con la apertura a la participación política ciudadana y diversos procesos de democratización experimentados en el país y el mundo, ha aumentado la exigencia de que las decisiones de los legisladores en torno al destino de los recursos públicos estén fundadas en estudios rigurosos y análisis empíricos sobre la efectividad de la política de ingreso y gasto público que se aprueba en Congresos y Parlamentos. En armonía con esa tendencia, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados convoca anualmente al Premio Nacional de las Finanzas Públicas, abierto a la ciudadanía, y estudiosos en la materia envían ensayos que evalúan, proponen y analizan temas de economía y finanzas públicas de interés actual, y son puestos a la consideración de un jurado de expertos de diversas instituciones.
La semana pasada, el premio correspondiente a 2023 fue entregado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a jóvenes estudiosos que con impecable rigor analítico pusieron bajo escrutinio la efectividad económica de leyes aprobadas por el Poder legislativo; programas de política pública implementadas por el Ejecutivo y financiadas por el presupuesto federal; modelos de gasto público en marcha a nivel de gobierno municipal, y proyectos de inversión en obra pública. En conjunto, los trabajos galardonados son del tipo de estudios que contribuyen a conectar los puntos entre política pública y las funciones parlamentarias. Comentaré brevemente por qué considero que los estudios premiados se asocian a las funciones del Poder Legislativo y su pertinencia para profundizar los procesos democráticos.
El primer lugar lo obtuvo el ensayo “Efectos de la eliminación del impuesto a los productos de gestión menstrual en el precio final y en el bienestar de los hogares”, de Abigail Quintana Bautista. Revisa el impacto de la ley que reduce a 0% el impuesto al valor agregado (IVA) a los productos de gestión menstrual; una ley aprobada en octubre de 2021 por las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Analiza con evidencia estadística en qué medida se redujeron los precios de los productos de gestión menstrual, y en qué grado dicho cambio en el precio aumentó el bienestar en la economía de los hogares. Desde su planteamiento se propone evaluar la efectividad de una ley para reducir desigualdades económicas puesto que se parte de reconocer que dichos productos son de necesidad básica para un sector de la población, pues atienden una función fisiológica durante gran parte de su vida (menstruación). Los resultados del análisis demuestran que el precio promedio de los productos de gestión menstrual sí se redujo en un 11%, a la vez que se registra una mejora modesta pero positiva en el bienestar de los hogares. Ejercicios analíticos de esta índole, sientan precedente para evaluar el alcance de medidas legislativas y el potencial futuro de iniciativas similares para contrarrestar la desigualdad social. Este trabajo naturalmente se asocia a la función parlamentaria, en tanto que puede considerarse como un análisis de impacto legislativo.
Dado que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, el ensayo premiado con el segundo lugar, “Distribución, redistribución del ingreso y política social frente al Covid 19” de Irving Ávalos, Marco Antonio Mesac y Francisco Javier Ortega, puede asociarse a esa atribución. Se evalúa en qué medida el cambio de la política social, de un modelo de transferencias condicionadas a un enfoque universal, logró disminuir la desigualdad e incentivar la movilidad social en el país. Revisa en particular la política social frente al Covid19. El cambio de enfoque en la política social en México tuvo lugar a partir de 2018, y es insignia de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador. El estudio muestra que la política social en curso es progresiva, pero aún insuficiente para corregir la desigualdad de mercado. No obstante, el trabajo señala que en 2020 la política social logró movilizar a 8.7% de la población, 0.4 puntos porcentuales más que en 2019. Es relevante para el Poder Legislativo porque confirma el grado de éxito de un modelo de política pública que recibe importantes recursos públicos a través de asignaciones a los ramos presupuestarios de desarrollo social. Estudios así aportan elementos para el debate legislativo sobre la selección de prioridades de política pública en el presupuesto.
El ensayo que obtuvo el tercer lugar “El impacto contra-cíclico de la inversión pública: El caso de la Refinería de Dos Bocas en Tabasco”, de Francisco Chiguil y Marcos García, así como el ensayo con mención honorífica “Innovación municipal: Propuesta de un modelo para mejorar la calidad del gasto público a partir del diseño de políticas públicas en los municipios de Michoacán”, de Manuel Vázquez Hernández, se pueden incluir en la categoría de investigaciones que contribuyen a analizar la efectividad del gasto público. Ambos trabajos son valiosas aportaciones desde la evidencia empírica, enmarcada en robustos marcos teóricos.
Estudios como los premiados son valiosos para funciones parlamentarias primordiales, legislación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la federación. Son muy pocos parlamentos en el mundo que realizan un monitoreo y evaluación de las políticas públicas respaldadas con recursos que ellos aprueban. El caso más sobresaliente es el parlamento europeo, cuyo centro de servicios de investigación (European Parliamentary Research Service) tiene un sistema de monitoreo de las políticas públicas europeas. Los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados se están moviendo hacia ese horizonte de apoyo al Poder Legislativo, es decir, hacia evaluar el impacto de las leyes que se promulgan. Los estudios recibidos y galardonados en esta última edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas muestran que los estudiosos en la materia también están pensando en esa dirección. Mi sincera felicitación a todos los participantes y, especialmente a los ganadores.
La autora es Secretaria General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión