La pregunta que surge con la extradición de Ignacio Lozoya Director de Pemex durante la administración del Ex Presidente Enrique Peña Nieto, se perfila como una nuevo telón de la administración federal. Lo cierto y contable es que la paraestatal enfrenta una de las crisis más severas desde su fundación.
El quebranto económico de Pemex no se cubre con meter a la cárcel y asegurar los bienes de todos los directores que la paraestatal ha tenido desde su fundación. De lo cuales Lozoya no rendirá cuentas ante ningún juez ni fiscal. Mas bien pareciera que hay una línea muy delgada la que mueve las investigaciones por parte del estado mexicano.
Ahora bien, las indagatorias de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos por actos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht es otro boleto. Por lo mismo no hay que confundir el tema Lozoya con la quiebra de Pemex y su participación en las operaciones de Odebrecht, que fue uno de los motivos por los que Estados Unidos ha dirigido investigaciones en ese sentido.
En ese sentido, según las pesquisas sobre Odebrecht apuntan a que la petrolera brasileña inyecto un porcentaje importante de los recursos a la campaña del ex Presidente Enrique Peña Nieto y por ese motivo durante la administración la empresa brasileña obtuvo jugosos ingresos ganado en bases a actos de corrupción.
Por ello pareciera complejo el proceso contra Lozoya. Lo cierto, es que durante la reciente visita del Presidente Mexicano a Washington uno de los puntos acordados fue el de Lozoya, es decir procésalo en México por los delitos cometidos allá y Washington hará lo propio de acuerdo a las indagatorias por los recursos invertidos en la campaña de Peña.
Y quizá por ello, se observan ciertos privilegios del gobierno mexicano con Lozoya, con quien en un principio arrestaron a la progenitora del ex director de Pemex y la tuvieron arraigada. Mientras que Peña Nieto se refugio en España, donde casualmente también se internó su titular de Pemex.
Es una maraña, lo que trae la Fiscalía General de la República en torno al caso Lozoya, pues también es cierto que este caso lo mismo que Ayotzinapa, la persecución del Cartel de Jalisco Nueva Generación, el choque de la autoridad en la Ciudad de México y la red del narcotráfico en la capital del país, además de Covid-19 y el desastre económico, servirán como cortina de frente a los procesos electorales del 2021 y del 2022.
Es decir, lo que de aquí en adelante ocurra en el territorio mexicano es parte del proceso electoral, desgraciadamente en este país todo se politiza, hasta la búsqueda de los desaparecidos, está politizada.
Y por lo pronto, Lozoya será parte de la agenda nacional debido que a Morena le urge ganar espacio en estados y municipios del país, aunque en contra pelo tiene a un bloque de gobernadores que en los albores del año electoral muestran disposición para presentar combate, pues la mayoría de estos saben que el fin inmediato en arrebatar la mayoría en el Congreso de la Unión y el fin último es la elección presidencial.