Dentro de ocho días, los tres partidos políticos que acordaron asociarse para ir juntos a las elecciones generales del 1 de julio de 2018, resolverán en definitiva la repartición de candidaturas, atendiendo factores como importancia numérica, competitividad, zonas de influencia y otros.

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano crearon el Frente Ciudadano por México, de carácter nacional, aunque en algunas entidades no cuajó la coalición por intereses locales, que se proponen imponer a sus propios candidatos, sin injerencias.

En Tamaulipas, el Kiko Elizondo Salazar sigue presumiendo que el PAN no atenderá instrucciones nacionales de Ricardo Anaya Cortés de ceder espacios al PRD y Movimiento Ciudadano, pues no se resignan a compartir el pastel.

En el PRI sufren también de terrible confusión, pues Sergio Guajardo Maldonado y sus colaboradores ignoran el mecanismo real de designación de candidatos a pesar de que el calendario político marcha inexorable.

Está descartado de plano que Egidio Torre Cantú concrete su proyecto de erigirse en el líder político de la familia revolucionaria de Tamaulipas, debido a que cada día que pasa resulta más difícil ocultar los hechos de corrupción que caracterizaron a su gestión sexenal.

Si bien el gobierno estatal, panista, ha sido complaciente, omiso, cómplice, encubridor y tolerante frente a los abusos de poder cometidos por Torre Cantú, otros organismos nacionales como la auditoría superior de la federación, no dejan de denunciarlo como depredador de bienes ajenos, pidiendo que responda ante la ley.

Además, la extradición cumplida ayer, del ex Gobernador de Quintana Roo, desde Panamá, Roberto Borge, capturado por haber cometido como Egidio, actos de corrupción, puede impeler a la sociedad local a emplazar al gobierno federal a quebrar el manto de protección que lo encubre aquí.

Egidio compró protección pero sólo a nivel local. Además, la mística de las campañas electorales será la honestidad, el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, de tal manera que resultará intolerable, que alguien caracterizado por encarnar todo lo contrario, ponga los candidatos del PRI.

Guajardo Maldonado y sus paniaguados tendrán que aceptar, en el corto plazo, que otras fuerzas políticas ajenas al torrismo, se pongan de acuerdo para seleccionar a los mejores cuadros, para ser enviados a la batalla electoral.

Baltazar Hinojosa Ochoa aparece en todas las combinaciones imaginables, arriba, abajo, en medio, pero siempre presente, influyente, poderoso.

A nivel nacional, las cosas no aparecen fáciles para el PRI. Las encuestas siguen favoreciendo unánimemente a Andrés Manuel López Obrador, quien asesta golpes políticos macizos y contundentes, con propuestas claras y viables, de resolver los problemas acumulados que han hecho miserable la vida de los ciudadanos.

(Por cierto, el rayito de esperanza visitará Tampico el sábado 13 de enero, encabezando un mitin a un costado de la Laguna del Carpintero. Magdalena Peraza Guerra está indecisa si asistir al evento, para aplaudirlo o para sabotearlo).

Figuras emblemáticas del partido tricolor, como Manlio Fabio Beltrones, hablan abiertamente en mensajes preparados por él mismo, de aceptar la transición y hacer gobiernos de coalición, donde el PRI iría en el vagón.

Reprocha el ex presidente del PRI, que este partido perdió la brújula cuando centró su preocupación en ganar elecciones, no en hacer buenos gobiernos, y estos son los resultados.

Ese problema de visión humanista no sólo hunde al PRI. En Tamaulipas, el PAN hizo subir un 31.2 por ciento la comisión de delitos de alto impacto desde que tomó el poder, hace 13 meses, de acuerdo a los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las estadísticas del SESNSP señalan que durante los 14 meses previos a la entronización del gobierno estatal, panista, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes no creció en promedio.

Además, Tamaulipas sigue siendo líder nacional en desaparecidos.

El miércoles en Reynosa, se repitieron los enfrentamientos a balazos entre marinos y delincuentes, con un número oculto de abatidos.

En Ciudad Victoria, el obispo Antonio González Sánchez ofició frente a una multitud de periodistas reunidos en catedral, una misa donde les reconoció su función social y los invitó a seguir honrando a la verdad en el ejercicio de su trabajo.

En Reynosa, la presidente municipal Maki Ortiz Domínguez compartió los sagrados alimentos con comunicadores a los que felicitó por su brillante desempeño y sus aportaciones al crecimiento de la sociedad.

Pese a que Maki ha sido tratada con rudeza innecesaria en una de las más recientes embestidas mediáticas orquestadas en Ciudad Victoria, la señora no profirió ningún reproche embozado, ni pidió clemencia o tregua. Bendijo a la prensa y sorteó regalos.

El periódico Excélsior publicó en su edición del miércoles 3 de enero, un apunte editorial donde reprueba la omisión de seis entidades federativas en el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública.

El texto es el siguiente y se reproduce por la importancia de su reproche, tratándose de un periódico de la vida nacional:

“Retraso. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI) ventiló que existen seis Estados a los que no les importa colaborar con la sociedad civil para convertirse en gobiernos abiertos y transparentes. Es grave, pues se trata del 20% de las entidades en el país. Aguascalientes, Colima, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Yucatán han desestimado contar con un gobierno que busque resolver problemas públicos de forma colaborativa. En las otras 26 entidades de la República Mexicana participan más de 120 organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué tan reacios al cambio? Habrá que recordarles a los gobiernos de esos Estados que solos y necios no llegarán muy lejos. El resto del país ya los rebasó”.

En lo que toca a Tamaulipas, padecemos aquí a un comisionado del ITAIT, Juan Carlos López Aceves, que cumple con la encomienda que le dio primero un gobierno del PRI y luego un gobierno del PAN, de mantener encapsulada la citada ley, para que prevalezca la opacidad y el misterio en los asuntos públicos.

Muchos millones de pesos se gastan en el mantenimiento de este elefante blanco, sobre todo en sueldos, viáticos, gastos de representación y turismo, mientras que los ciudadanos se ven obligados a conseguir mediante la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el gobierno les suelte a conta-gotas con la información requerida.

Por nuestra parte, apenas conseguimos acceso a la lista de proveedores del gobierno del Estado y descubrimos nombres y apellidos sospechosos. Con el apoyo de expertos en el tema nos echaremos un clavado en el extenso documento, sólo por curiosidad.

Correo electrónico: albertoguerra65@hotmail.com