La pobreza en México lleva a crear programas para su combate, algunos con éxito relativo; todos de alto costo por la costosa burocracia. La multiplicidad y dispersión de programas refleja duplicidad de esfuerzos y falta de coordinación. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dice que en México operan 6,751 programas y acciones de desarrollo social; 233 federales, 3,788 estatales y 2,730 municipales. Estima que el presupuesto 2017 de 148 de 233 programas y acciones federales es 875,5 mil millones de pesos, 43% corresponde al sector salud (IMSS e ISSSTE) Prospera (81,8 mil millones) Pensión para Adulto Mayor (39,1 mil millones)
El proyecto para acabar la pobreza es introducir un impuesto negativo sobre la renta de la persona (INR) sobre el ingreso de los más pobres. La idea es que el Estado cubra la diferencia entre un nivel de ingreso deseable y el ingreso para combatir la iniquidad económica, sin intervención burocrática. Por transparencia y simplicidad administrativa, tiene derecho a una transferencia quien declare ante Hacienda.
Se establecería un INR que erradique la pobreza extrema, haciendo que el ingreso total, incluyendo INR del beneficiario sea mayor o igual al componente monetario de pobreza extrema, que es de ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (LBM), de 3 o más carencias sociales. CONEVAL estima que en 2014, la LBM en medio urbano era 1, 242,61 pesos mensuales (868.25 en medio rural) y que 11,4 millones de personas estaban en pobreza extrema.
El INR negativo beneficia a los más pobres. La transferencia es progresiva, recibe más el que menos tiene. Reduce la desigualdad pues disminuye la diferencia entre el ingreso de persona con menor ingreso y persona con mayor ingreso. Más de 11 millones de mexicanos viven en pobreza extrema. Con 1,25% del PIB nacional se asegura que 33 millones de ciudadanos tengan ingreso mayor que la LBM, lo que acaba con la pobreza extrema y combate la iniquidad económica porque da más al que tiene menos.
Se elimina la pobreza en el medio rural pues el ingreso promedio del beneficiado será 21% mayor que la línea de bienestar; el ingreso promedio será 77% de la línea de bienestar en el medio urbano. CONAPO estima que en 2017 hay 83,5 millones de personas mayores de 18 años, 62 millones inscritas en el Servicio de Administración Tributaria. La instrumentación del INR requeriría que 21,6 millones de personas se registren ante el SAT para ser beneficiario.
La Secretaría de Desarrollo Social creó el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de Programas de Desarrollo Social que contiene información de l79 subprogramas. El PUB contiene información de más de 40 millones de personas que se utilizaría para incorporarlos al SAT. Bancarizar a los beneficiarios permite distribuir el INR a través de transferencia bancaria; transparente, sistematizado, bajo costo; barrera difícil de vencer. Hay resistencia del Estado Mexicano, de la alta burocracia por la pérdida de control político y económico sobre millones de familias; el presupuesto a ejercer queda en unas cuantas manos, se reduce su uso indebido; se acaba el aparato burocrático, uso de instalaciones, vehículos, viáticos, etc. Ningún partido político usufructuaría esta medida que obedece a una política social nacional, no a dádiva presidencial, partidista. La barrera más difícil de vencer es que reduce el número de población a explotar, la que tendrá más oportunidad de educación y podrá exigir con mayor conocimiento y firmeza, con cada generación aún mejor posicionada, mejores gobiernos.