Los panistas en el Congreso del Estado actúan con desesperación y ahora hasta pretenden solicitar la intervención del gobierno de los Estados Unidos con tal de recuperar el poder del Congreso.

En rueda de prensa informaron que han contratado los servicios de un despacho internacional de abogados que pretende aplicar la ley “Magnitsky” misma que penaliza con sanciones a aquellos que, entre otras cosas, hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos.

Esta ley permite al mismísimo presidente Joe Biden imponer sanciones a cualquier extranjero que compruebe haya cometido violaciones y como el todavía mandamás azul, Cabeza de Vaca, presume de sus buenas relaciones con el país extranjero pretenden recurrir a esta medida en un acto de desesperación. ¡Que locura!

Los panistas aseguran que Morena pretende reformar en lo oscurito la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y transferir facultades del Fiscal Anticorrupción a dos vicefiscales que ellos pretenden nombrar a través de mayoría simple y con ello quitarle el poder al actual fiscal que es quien ha emprendido sendas investigaciones en contra de los alcaldes emanados de las filas de morena y quien tiene en sus manos el destino de los panistas que fueron denunciados por el actual gobierno de la cuarta transformación, incluido el ex gobernador Cabeza de Vaca.

Según los panistas, los diputados de morena pretenden reformar la constitución a su favor, así como lo hicieron ellos cuando eran mayoría, cuando dotaron de super atribuciones al fiscal general creando una “super fiscalía” con la intención de protegerse antes de la llegada de morena, y por eso la intención de recurrir a instancias internacionales con tal de impedírselos.

Debido a lo anterior los azules dejaron de asistir a las reuniones de la diputación permanente, tampoco lo hicieron a la sesión extraordinaria y ni lo harán el próximo periodo ordinario de sesiones, ya les queda nada para dejar sus curules y han decidido tirarlo todo por la borda.

El detalle es que los señores no están ahí por su partido sino porque fueron elegidos en un proceso democrático y por lo mismo están obligados a responderle hasta el final a ese elector que les dio su confianza para representarlos en el puesto.

Parece más un capricho legislativo que más que ayudarles les afectará políticamente el próximo año que vuelvan a salir a las calles a pedir el voto.

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¡Que Dios los bendiga, gracias!