En las últimas semanas en México, se han venido discutiendo temas prioritarios para el país. Se aprobó en el congreso y el senado que la guardia nacional pase bajo control de SEDENA, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se discute si se debe mantener o quitar la figura de la prisión preventiva oficiosa, se habla de una nueva reforma reforma electoral que hasta contempla la figura de un vicepresidente en el país y la secretaría hacienda entregó al congreso el PEF 2023. Sin duda las decisiones que se tomen en los siguientes días son muy importantes para el país.

En el tema de la prisión preventiva oficiosa el ministro Luis María Aguilar pidió invalidar esta figura. Reconoció que esta norma está incluida en la Constitución, por lo que no puede ser considerada inconstitucional. Sin embargo, propuso que las normas relacionadas a Derechos Humanos sean analizadas por la SCJN basándose en fuentes internacionales. Después de mucha discusión sobre el tema el ministro retiró el proyecto en el que se proponía derogar la prisión preventiva oficiosa para replantearlo y presentar uno nuevo.

La realidad es que todas estas decisiones tienen muchos efectos políticos en el país. La aprobación en fast track en diputados y senadores de la iniciativa de la Guardia Nacional a SEDENA por la decisión de la bancada del PRI donde se presupone que Alito Moreno negoció su libertad y que la gobernadora de Campeche lo deje de exponer en su programa “el jaguar”, que también causó la ruptura del “Va por México”, nos enseña la verdadera forma en como se hace política en el país y que casi todos los políticos tienencola larga que le pisen.

El PEF2023 es en realidad poco realista, si bien no se suben impuestos y da tranquilidad a inversionistas, también proyectan un crecimiento económico muy lejos de la realidad (3%), lo que hará que en el transcurso del año tengamos recortes presupuestales.

Las sociedades corruptas no pueden apoyar a sus ciudadanos. Allí donde está presente, este azote abarca a funcionarios públicos, hombres de negocios y particulares, que cometen actos ilícitos como la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, el soborno y el cohecho.No es sorprendente, pues, que, a medida que se menoscaba el imperio de le ley y se hace caso omiso de la voz del pueblo, disminuya la confianza de los ciudadanos en los funcionarios gubernamentales y las instituciones oficiales.

¿Confías en los políticos que te representan?, ¿Confías en las instituciones oficiales?